Opinión
La Jornada Maya
03/06/2026 | Mérida, Yucatán
En términos periodísticos, lo publicado por
Puente News Collaborative y
Los Ángeles Times en Estados Unidos, en cuanto a que el gobierno de ese país ha lanzado una investigación penal contra los gobernadores mexicanos
Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, es o resultado de una investigación que como tal debe contar con elementos probatorios, o es lo que se denomina un “borrego”; una nota soltada al público para provocar una reacción en la clase política.
La investigación firmada por los reporteros Steve Fischer y Kate Linthicum sostiene que Durazo es uno de los líderes de más alto perfil bajo investigación hasta la fecha, por presuntos vínculos con el crimen organizado, y que su visa fue cancelada en 2025. El gobernador sonorense, como se recordará, fue secretario de Seguridad Pública del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras, Américo Villarreal es supuestamente investigado por nexos con el tráfico ilegal de combustibles, denominado huachicol. Supuestamente, también le fue retirada la visa y viaja a Estados Unidos aprovechando una parole o mediante condiciones, incluyendo el seguimiento por parte de una escolta de agentes estadunidenses.
Ambos gobernadores han descalificado ya la nota. Durazo incluso respondió “casi sudo agua bendita”, en referencia a los supuestos vínculos criminales.
Ahora, la nota no está escrita para brindar información sino para “desentrañar” una supuesta estrategia de comunicación, según la cual Washington, a través del secretario de Seguridad Interna, Markwayne Mullin, demanda la extradición de determinados personajes, y
la respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum fue en cambio alegar una campaña de difamación “políticamente motivada contra el gobierno izquierdista”, y que acusaciones similares adicionales contra líderes electos serían consideradas “interferencia política en asuntos de México”.
En los últimos días, precisamente, el discurso presidencial ha girado en torno a la defensa de la soberanía nacional, a que los mexicanos debemos ser los responsables y quienes deciden en sus crisis políticas y de seguridad, y finalmente a “quién decide en México” cuando hay señalamientos desde el extranjero contra autoridades electas; es decir, cuando es otro país el que cuestiona la voluntad democrática nacional.
Pero son de nuevo dos gobernadores los que terminan por entrar a la agenda de comunicación política mexicana. Anteriormente fueron Maru Campos (Chihuahua) y Rubén Rocha Moya (Sinaloa), la primera por ¿permitir? la participación ilegal de agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, el segundo junto con otros nueve funcionarios, por nexos con el Cártel de Sinaloa.
La época, sin embargo, también exige coherencia. La izquierda mexicana difundió durante muchos años el clamor de “Menos presos políticos y más políticos presos”, por lo que si resulta deseable que, siquiera ante indicios del sistema judicial estadunidense, existan investigaciones; pero aquí tiene que existir responsabilidad: un indicio no es lo mismo que un rumor, ni una acusación al vacío. De hacerse “justicia” sin pruebas, estaríamos ante un régimen totalitario, no la república independiente que todavía nos preciamos de ser.
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Edición: Fernando Sierra
