Inercial, es el término que más han utilizado los analistas para referirse a las características del Presupuesto Federal 2021 aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 13 de noviembre. El término, no es nuevo, al contrario, usarlo se ha vuelto recurrente desde hace años, y ni siquiera el gobierno de la 4T -incluyendo a su fracción parlamentaria en el Congreso-, ha querido impulsar alguna iniciativa en la política fiscal que cambie ese calificativo que da cuenta de que el dinero público que el gobierno utiliza para atender necesidades sociales aumenta muy poco de un año al siguiente, o incluso disminuye y, consecuentemente, sus impactos sobre la economía son prácticamente nulos.
El dogma del equilibrio presupuestal y el retiro del Estado
De hecho, el equilibrio presupuestal, sostenido en los dos años que van de la presente administración ha sido el signo más identificado con el neoliberalismo que caracterizó a la política económica de México desde 1982 y, la ahora llamada austeridad republicana ha prevalecido como característica distintiva del manejo de las finanzas públicas, aun en medio de la pandemia que nos agobia desde fines de febrero de 2020.
Desde el principio, el gobierno en turno renunció a emprender una reforma fiscal que incrementara la recaudación y el gasto público, bajo el argumento de que primero había que proceder a combatir la corrupción, la elusión y evasión fiscales, al tiempo que se racionalizara el ejercicio de los recursos públicos.
En perspectiva histórica, dadas las magnitudes exiguas del presupuesto federal que cada año se presenta al Congreso, el gasto público ha perdido participación como proporción del producto interno bruto (PIB). En 1982, la relación de gasto a PIB era de 45.2 por ciento; en 2009, fue de 26.1, mientras que para este año solo será de 25.2 por ciento del PIB. El monto presupuestal para 2021 es 0.3 por ciento menor, en términos reales, respecto al aprobado en 2020.
Ciertamente, aquellas proporciones de los años ochenta incluían el gasto de un gran número de empresas públicas que fueron desincorporadas por la política económica que se implantó en México desde entonces. Pero a final de cuentas, de ese tamaño -veinte puntos del PIB-, ha sido el abandono del Estado de la actividad económica durante los años del neoliberalismo. La idea neoliberal de que un Estado más chico y menos interventor podría ser más eficaz al menos en México ha resultado un auténtico fracaso.
El combate a la corrupción
Habrá que reconocer, sin embargo, que a dos años de iniciada la presente administración, el esfuerzo recaudatorio ha sido encomiable, aunque insuficiente. Más aún ante las urgencias e impactos que desató la irrupción de la pandemia del COVID-19, apenas iniciado el segundo año de gobierno.
El combate a la corrupción -tarea bien compleja que el presidente insiste en no reconocer como un problema cultural- ha sido mediante aproximaciones sucesivas, y uno de sus frentes más exitosos ha sido sin duda el de la recuperación de cuantiosos montos de impuestos no pagados por grandes contribuyentes. De acuerdo con la información publicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la recaudación del primer semestre de 2020 puede calificarse de histórica: la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT recaudó 64 mil millones de pesos de enero a junio del 2020, superando en tres veces lo logrado en el mismo periodo del 2019 y casi cinco veces lo de 2018.
En febrero de 2020, América Móvil, del empresario Carlos Slim, pagó un total de 8 mil 290 millones de pesos en impuestos, así como multas y recargos, mientras que en mayo se unió Walmart, quien pagó al fisco 8 mil 079 millones de pesos. A finales de mayo, Femsa informó que llegó a un acuerdo para pagar 8 mil 790 millones de pesos al SAT, mientras que IBM acordó el pago de 669 millones.
En total, estas cuatro empresas pagaron al SAT 25 mil 828 millones de pesos en impuestos, así como por multas y recargos. Según ha trascendido el fisco aun tiene en la mira a otros grandes contribuyentes a los cuales les ha solicitado el pago por ejercicios fiscales pasados. Existe una lista de 15 grandes contribuyentes cuyos adeudos con el fisco suman 50 mil millones de pesos.
En suma, el SAT ha recuperado 736 mil millones de pesos de adeudos de los contribuyentes en los primeros dos años del sexenio, monto que de algún modo permitió al gobierno garantizar los recursos para la atención de la pandemia y que refleja el esfuerzo de fiscalización que organismos como Fitch y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han reconocido. La recaudación tributaria por recuperación de esos adeudos proviene en 43 por ciento de grandes contribuyentes, 41 por ciento de fiscalización y comercio exterior, 6 por ciento de cobranza coactiva y 10 por ciento por eficiencia recaudatoria.
Las evaluaciones realizadas al SAT por organismos internacionales y calificadoras reconocieron que la estrategia de recaudación tributaria permitió garantizar los recursos suficientes para el sector salud, así como para los programas sociales y prioritarios.
La calificadora Fitch ratificó el grado de inversión para la deuda soberana de México indicando que “los ingresos tributarios han sobrepasado las expectativas y las autoridades han podido disminuir la contratación de deuda en 2020”. Asimismo, el FMI indicó en la evaluación anual que realiza a México que la respuesta fiscal del SAT ha sido positiva y un valor atípico comparada con los otros países de América Latina.
La recaudación de estas sumas ha contribuido a mitigar la caída de los ingresos petroleros, como consecuencia de la baja en los precios del petróleo que se produjo en diversos momentos del año pasado, así como la correspondiente a otros impuestos por el freno a la actividad económica que ha provocado el confinamiento obligado por la pandemia.
El presupuesto federal 2021
A pesar de los esfuerzos recaudatorios de los dos primeros años de gobierno, el presupuesto aprobado para 2021 que asciende a 6.3 billones de pesos, es inferior en 0.3 por ciento al de 2020. En 2021, continuarán las circunstancias extraordinarias de 2020, pues se mantendrá la tendencia de reducción de los recursos federales, habrá necesidades crecientes para atender la contingencia sanitaria y un largo período de vacunación, al tiempo que el margen de maniobra del Estado se verá más limitado. En este contexto, el presupuesto presenta una reducción del gasto que más que entenderse como una política inercial, es una respuesta excepcional a una situación extraordinaria con una alta dosis de incertidumbre.
La previsible caída de los ingresos públicos asociada a un nivel de actividad económica que no se recuperara con la suficiente fuerza y las necesidades ampliadas de gasto, apretarán aun más el ya de por si ajustado espacio fiscal que no es sostenible para la adecuada provisión de bienes y servicios y el aseguramiento de los derechos sociales como pretende el gobierno de la 4T. En rigor, los renglones prioritarios de las asignaciones presupuestales del año que recién comienza, seguirán siendo los del sector salud, los programas sociales y los proyectos de infraestructura ya conocidos, entre los que destaca la construcción del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas.
En esta perspectiva, el gasto que se distribuye a las entidades federativas (Gasto federalizado) proyectado para 2021 es de un billón 867 mil pesos, equivalente a 7.5 por ciento del PIB y a 29.7 por ciento del gasto público neto total. Las participaciones representan 49 por ciento del gasto federalizado, las aportaciones 45 y el restante 6 por ciento corresponde a convenios y subsidios.
Los principales receptores de gasto federalizado per cápita serán la Ciudad de México, Baja California Sur y Campeche; los que menos recibirán son Guanajuato, Estado de México y Jalisco. Todo ello debido a los arreglos institucionales que se derivan de las fórmulas distributivas contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal y no de criterios discrecionales.
El gasto a las entidades federativas proyectado para 2021 es 5.5 por ciento menor al asignado en 2020 debido al descenso de las aportaciones y de las participaciones federales en 6.4 y 1.1 por ciento, respectivamente, como consecuencia de la reducción de la Recaudación Federal Participable (RFP) que se espera.
En general, todas las entidades federativas del país recibirán en este año menos recursos que el año pasado. De hecho, para este ejercicio fiscal, por cada 100 pesos de gasto federal, 29 pesos con 70 centavos se distribuyen entre las 32 entidades federativas. Entre 2018 y 2020 esa proporción era de 34 pesos con 20 centavos.
Presupuesto de Yucatán 2021
El 14 de diciembre de 2020, con el voto a favor de la mayoría de los diputados, se aprobó en el Congreso el Presupuesto de Egresos para 2021 para el Estado de Yucatán. Según se señaló en esa oportunidad el paquete presupuestal aprobado se orienta a la atención de tres prioridades: proteger la salud de los yucatecos, garantizar el clima de seguridad y privilegiar la recuperación económica y la generación de empleos.
Presupuesto de Egresos-Estado de Yucatán
En el contexto de las restricciones a las finanzas públicas que la pandemia ha impuesto y la austeridad republicana sostenida por al gobierno federal, el Presupuesto de Egresos de Yucatán asciende en este año a 41 mil 136 millones de pesos, casi 3 mil millones menos que los 44 mil 096 millones aprobados en el presupuesto de 2020. El renglón más castigado será el gasto de las dependencias de poder ejecutivo que en conjunto recibirán 2 mil 400 millones de pesos menos que el año anterior y las dependencias mayormente afectadas con asignaciones inferiores a las de 2020 son: Seguridad Pública, Desarrollo Rural Fomento Económico y Trabajo, Fomento Turístico, Desarrollo Social y la Secretaria de Salud.
En contraste, a la Secretaría de Educación Pública se le aprobó una asignación presupuestal ligeramente superior a la del año pasado.
Llama la atención que en el Presupuesto de Egresos de 2021 se consigne una erogación correspondiente a la Deuda Pública por mil 336 millones de pesos, casi 400 millones más que la erogada en 2020. El nivel actual de deuda pública del gobierno del estado es bastante moderado, pero de acuerdo con los reportes más recientes, Yucatán ha sido la entidad que en los años previos a la irrupción de la crisis por la pandemia en la que más rápido se elevó el nivel de endeudamiento.
Apuesta por la inversión privada
Como se aprecia, no habrá margen de maniobra para que desde las arcas públicas se apoye una recuperación significativa de la economía de la entidad. Ya lo señaló hace unos días el secretario Ernesto Herrera en una entrevista para La Jornada Maya: la estrategia de Yucatán para recuperarse económicamente es apostar por la recuperación plena del empleo, para subir el consumo y así elevar el comercio. “Tenemos que apostarle a la inversión privada”.
Quedará pendiente por lo pronto la tarea de ampliar la base contributiva y hacer más eficientes los sistemas recaudatorios con la meta de incrementar la recaudación fiscal que permita reducir la dependencia de los ingresos federales. El gobierno del Estado tendrá que trabajar en estrategias que hagan más eficiente la fiscalización y la recaudación de las contribuciones a través de esquemas de cobro modernos, sencillos e innovadores para la ciudadanía, mismos que facilitan el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes como la diversificación de los canales de pago y la ampliación de la cobertura geográfica en el estado.
La recuperación esperada no está cerca más que de manera incipiente, a un paso lento y llena de incertidumbre.
Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo-Estado de Yucatán
Edición: Laura Espejo
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