Reporte 8am

Pablo A. Cicero Alonzo
La Jornada Maya

18 de febrero, 2016

El mayor invento de la humanidad vio la luz en el siglo XV, y nos ha definido como especie. Ha trascendido siglos, al grado que esto que estás leyendo es un eco del [i]big bang[/i] que se registró en Maguncia, Alemania.

En 1455, de un extraño artefacto para aquella época, salieron cuarenta y siete libros. La magia de los tipos móviles hizo aparecer esas biblias, conocidas posteriormente como “de Gutemberg”, “de 42 líneas” o “de Mazarino”.

Esos cuarenta y siete ejemplares son reliquias de nuestra historia, genoma de nuestra cultura; sólo veintiuno han resistido al paso de los años, y es casi imposible hallarte frente a uno. Hay una [i]Biblia de Gutemberg[/i] en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, guardada bajo siete llaves.

Para acceder a ella es necesario justificar el por qué, así como contextualizar la necesidad del estudio. Por lo general, esa argumentación es del tamaño de una tesis doctoral, y su aprobación tarda, como mínimo, un año.

Una vez cumplido ese requisito, el personal de la biblioteca acompaña a quien solicitó ver la Biblia, quien sólo puede tocarla en una sala especial —con la temperatura y la humedad adecuadas—, con guantes quirúrgicos. En ningún momento se deja solo al visitante con el ejemplar.

[i]La Jornada Maya[/i] nos refirió que, guardando proporciones, con un celo similar se resguardan los dictámenes enviados por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) al Congreso estatal. Ahí, un diputado de oposición quiso estudiarlos, pero le negaron copias, al grado que tuvo que convertirse en un copista medieval durante siete horas.

No estamos hablando de incunables ni de secretos de Estado; lo que la ASEY envió a los legisladores fue el informe del ejercicio de recursos de 2013 por parte de los 106 ayuntamientos y dependencias del estado, incluyendo los órganos autónomos. Todas las trabas para conocer cómo nuestros gobernantes se gastaron nuestro dinero, y no el año pasado, sino hace tres, que en estas cuestiones es una eternidad.

Leyes trasvestidas de burlas: a eso se reduce nuestro actual sistema de fiscalización, que con marrullería evidente sirve más como fábrica de coartadas que como instrumento de transparencia. Un ecosistema legal ideado para que los corruptos no sólo sobrevivan sino se reproduzcan, como [i]gremlins[/i], en un torrente de sinrazón y cinismo.

Un ex alcalde que acepta robar, enfatizando, eso sí, que “sólo poquito”. Un ex gobernador que celebra su liberación de España con una millonaria pensión por dar clases sólo tres años. Un líder de un partido que coloca a su chofer como alto funcionario de una delegación capitalina. Un funcionario de una parestatal al que por un contrato le dieron un Ferrari y un departamento en el extranjero que libra la cárcel porque no estaban a su nombre…

Todos los días, todos, aparece un caso similar, que asesina, una y otra vez, nuestra capacidad de asombro. ¿Qué más puede suceder? ¿Hasta dónde va a llegar la desfachatez de nuestros gobernantes? Los límites, me temo, son insospechados, sobre todo por la impunidad que garantiza el sistema que con esmero ellos y sus cómplices han construido.

Juan Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), está dispuesto a que eso cambie. El IMCO, junto con la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, están promoviendo la iniciativa ciudadana “Tres de tres”. Para presentarla, se requiere la firma de ciento veinte mil personas.

Esta iniciativa de ley anticorrupción tiene como base la invitación que se les hizo a los funcionarios y aspirantes a hacerlo en la pasada elección de presentar tres documentos y un compromiso. Estos tres documentos eran: declaración patrimonial pública y sin reservas, las declaraciones de pagos de impuestos de último años y la declaración de posibles conflictos de intereses.

La buena voluntad no basta, ya que según se puede consultar en la página del IMCO, de todos los yucatecos aludidos sólo tres respondieron; a los demás, les habló la Virgen. Con este antecedente, y con la experiencia anterior, se propone hacer ley ciudadana la petición, ante la inactividad de los políticos profesionales de destruir su castillo de impunidad.

Y es que ya se demostró que esa supuesta lucha contra la corrupción es puro teatro. Pardinas Carpizo señaló el caso de la unidad especializada para combatir, a nivel federal, esta peste, cuyo personal es de apenas quince personas y tiene un presupuesto anual de veinte millones de pesos. “El gobierno gasta más al año comprando garrafones de agua o galletas que combatiendo la corrupción”. Así le importa el tema.

El director general del IMCO considera que no se va a erradicar a los corruptos clavándoles estacas en el corazón o disparándoles balas de plata. No, se requiere que todos los ciudadanos, armados con el alfiler de sus firmas, ataquen a la voz de ya a muñecos de vudú que luzcan los tristemente célebres rostros en esos muñecos de trapo. De otra manera, se seguirán escondiendo en ese queso gruyer que es la actual legislación que se supone frena la corrupción.

La iniciativa de ley “Tres de tres” puede convertirse en un parteaguas en México; la propuesta ciudadana fue realizada por un grupo de expertos que estudiaron los innumerables casos en los que fallan las actuales disposiciones y provocan este caos de impunidad. Precisamente en el castigo y en la sanción, inexistentes hoy día, encontramos el espíritu, el tuétano de esta propuesta de ley.

“En dieciocho años”, relató Pardinas Carpizo, “en la prensa de Estados Unidos se denunciaron actos de corrupción de nueve gobernadores de ese país; los nueve fueron investigados y los nueve encontrados culpables. En ese mismo lapso, los medios mexicanos dieron a conocer actos de corrupción de cuarenta y un gobernadores… Sólo cuatro fueron sentenciados”. Así nos importa el tema.