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Francisco J. Rosado May
Foto: Infoqroo
La Jornada Maya

Martes 25 de septiembre, 2018

Varios medios reportaron el 22 de septiembre notas sobre el foro Escucha Quintana Roo, llevado a cabo en Cancún el día anterior. Asimismo, publicaron que en Señor, una comunidad maya en Felipe Carrillo Puerto, la policía rescató de un probable acto de expulsión a una familia conflictiva.

Los testimonios presentados en el foro de Cancún fueron desgarradores. Sin lugar a dudas nuestro estado, especialmente en la zona norte, está rumbo a alcanzar y posiblemente rebasar los niveles de violencia expuestos en los otros foros, como Chihuahua, Michoacán y Ciudad de México. Los testimonios hablan de ausencia de gobernanza y de mucha presencia de autoridades indolentes combinados con corrupción e impunidad. No en balde la gente clama justicia antes del perdón. Urge un cambio.

El tamaño del reto planteado por la coordinadora nacional de la Consulta para Pacificación y Reconciliación, Loretta Ortiz Ahlf, es enorme. Se han enraizado malas prácticas en todos los niveles del sistema de gobernanza de nuestro país, abonados por la mala formación técnica y ética de los responsables de cuidar la impartición de justicia. Al mismo tiempo, con pasión y convicción, Loretta presentó la visión del gobierno federal electo sobre los temas de amnistía, perdón, legalización del uso y producción de ciertas drogas. Si bien varios periodistas hicieron cuestionamientos fuertes, el mensaje del nuevo gobierno federal dejó mucha esperanza. La pasión de Loreta sólo fue superada por el tamaño de la expectativa y esperanza en el nuevo gobierno federal. Y eso no debe perderse de vista.

Los planteamientos del gobierno electo, para enfrentar la violencia y pacificar el país, parten de un principio fundamental: sin paz no hay desarrollo, todos perdemos. Me parece que los planteamientos son una evidencia clara de la intención de desarrollar formas innovadoras de pensamiento para abordar temas complejos. Sin embargo, hay una parte, demasiado importante para no darle el lugar que se merece, que no ha sido abordado en el discurso del gobierno electo. Me refiero a la justicia indígena.

Quintana Roo tiene un sistema de jueces tradicionales, reconocido en la normatividad estatal. En las comunidades donde los jueces están trabajando, hay paz. Hay una correlación directa entre paz y solución de conflictos con el ejercicio de conocimientos y usos y costumbres indígenas. En Señor, don Abundio Yamá, con más de 100 años de edad, necesita apoyos para poder llevar a cabo funciones eficaces, por eso la población se vió en la necesidad de tomar en sus manos la justicia, tratando de mantener la paz interrumpida por las malas acciones de algunos integrantes de la comunidad.

No sería mala idea que el nuevo gobierno incorpore en sus conceptos y acciones la sabiduría ancestral de impartición de justicia y gobernanza. Hay bastante trabajo de investigación científica, en adición a convenios internacionales y jurisprudencia nacional, que así lo demuestra. Por ejemplo, se puede leer el trabajo de José Israel Herrera, de la UADY, publicado en 2014 en la revista Diario de Campo, o el trabajo de Manuel Buenrostro Alba de la UQROO (http://www.scielo.org.mx/pdf/na/v26n78/v26n78a4.pdf). La justicia indígena tiene un marco legal importante que no se ha aprovechado lo suficiente. El 28 de junio de 2018, se publicó una noticia que pasó desapercibida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo una acción de inconstitucional promovida por la CNDH, falló en contra del Sistema de Justicia maya del estado de Yucatán debido a que en su legislación permitía que se puedan designar jueces tradicionales a personas que no pertenecen a esa etnia, reportado en La Jornada por Gustavo Castillo García.

Aprovechando la apertura del gobierno federal electo y la tendencia a pensar diferente para guiar acciones, cosa que aplaudo, no sería mala idea incorporar en su discurso y acciones el tema de la justicia tradicional y fortalecer un sistema judicial indígena que permita mantener la paz en sus comunidades. La justicia indígena privilegia la mediación y cuando esta no funciona, acuden a la vergüenza pública mediante la asignación de tareas en beneficio a la comunidad. Los culpables son rencausados, pero si hay reincidencia se puede llegar al punto de expulsión de la comunidad.

Hay que retomar las experiencia acumuladas y estudiadas para reformar el marco normativo que permita alcanzar la paz en comunidades indígenas de todo el país.

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