Acusan a Laura Fernández de abusar de su poder

Carlos Águila Arreola
Foto: @LFpuertomorelos
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Viernes 25 de agosto, 2017

La presidente municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, abusa de su posición contra la planta de concreto Ricasa, ubicada en la carretera Cancún-Chetumal, que fue clausurada por carecer de anuencia de funcionamiento, pese a que los apoderados quisieron pagarla, señaló Saúl Hernández, jefe de la planta.

Recordó que la empresa está presente en el desarrollo de la zona norte de Quintana Roo hace 15 años y comentó que personal administrativo de la planta quiso pagar la anuencia hasta en ocho ocasiones, pero en el ayuntamiento portomorelense no la quisieron cobrar.

Dijo que antes de ser municipio, en la ex alcaldía se pagaban mil 200 pesos anuales por ese permiso, que aumentó a 60 mil pesos con la llegada de la política saltimbanqui (era priista y se convirtió al verde-ecologista al obtener la candidatura).

Además, se impuso multa de 166 mil pesos por supuestamente ser una empresa de alto riesgo, cuando al parecer el término no existe para ninguna planta de ese tipo de las aproximadamente 30 que hay en la entidad.

Hernández señaló que son agremiados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y que están siendo afectados 25 trabajadores y sus familias, quienes se manifestaron contra la medida en la entrada de la planta con banderas de esa central obrera.

“El trabajo que hacemos no es de riesgo para la salud porque estaría prohibido a nivel internacional. Usamos materia prima biodegradable y las fichas técnicas lo avalan. Se trata de una arbitrariedad porque el municipio está cobrándonos cantidades exorbitantes, que no se aplican en ningún otro municipio.

“Estamos hablando de que en otros municipios cuesta tres mil 800 pesos al año. El pasado (en 2016) pagamos tres mil 500 pesos, es una arbitrariedad absoluta”, sostuvo.

No obstante, pagaron el permiso pero ahora les quieren cobrar una multa de 166 mil pesos que se sacan de la manga, pese a que comprobaron que se pagó a la administración pasada: “Están afectando a operadores de olla, trascabos, laboratoristas, dosificadores, coordinadores de obra y veladores, entre otros”.

Saúl Hernández agregó que son una empresa socialmente responsable que siempre ha apoyado al gobierno en turno, y no se explican por qué los tratan así, cuando siempre han cooperado y pagado todos sus impuestos. El jueves, cuando pusieron sellos de clausura los presionó primero Protección civil y luego Ecología y Fiscalización.

“Todos exigieron la documentación que saben está al día. No pude atender a todos, mientras Protección Civil me estaba sacando, los otros estaban pide y pide, y al mismo tiempo redactaban documentos de que no se entregó información. Llegaron en un plan negligente tratando de perjudicarnos”, finalizó.