Joana Maldonado
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Domingo 1 de marzo, 2020
La Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) entregó al Poder Legislativo el informe de las Cuentas Públicas 2018, en donde integra los resultados de 243 auditorías a entes públicos; lo anterior derivó de la observación de 586 millones de pesos, quedando por solventar 172 millones de pesos.
El auditor superior, Manuel Palacios Herrera, informó que en términos generales, realizaron observaciones a todos los entes públicos fiscalizables mediante 243 auditorías en materia financiera, obra pública y auditorías de desempeño. Detalló que por Ley, los entes auditados tuvieron conocimiento de observaciones por 586 millones de pesos, algunos fueron resarcidos pero a la fecha hay pendientes por solventar 172 millones de pesos.
“Algunos no tuvieron observaciones de carácter financiero, pero sí de obra pública. Los 11 municipios del estado tuvieron recomendaciones de sus programas catastrales (…) en materia financiera, sólo tres municipios solventaron el total de sus recomendaciones: Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Bacalar. Los otros aún están pendientes”, dijo.
En cuanto a las dependencias de gobierno del estado, Palacios Herrera refirió que la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema) y la Secretaría de Obras Públicas (Seop) son las que tuvieron el mayor número de observaciones, aunque omitió cifras; de los organismos descentralizados, la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) y la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo también tuvieron observaciones importantes.
Precisó que la Ley contempla dos tipos de observaciones: graves y no graves. En el caso de las primeras, si no son subsanadas, se da parte a los Órganos Internos de Control y son dirimidas ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Sobre las observaciones no importantes, en caso de algún posible daño a la Hacienda Pública estatal o municipal, los entes tendrán su derecho a atenderlas en los 30 días posteriores a la presentación del informe y que la Auditoría les haya notificado.
Posterior a eso, la Ley contempla que se debe hacer el proceso de investigación que una vez concluido dará lugar a la sustanciación, para lo que la Aseqroo tiene 120 días contemplados en la Ley para poder notificar al Congreso y que en los casos que no se hayan atendido y se presuma un daño a la hacienda estatal o municipal se procede a las denuncias penales.
El auditor recordó que de la revisión de las Cuentas Públicas 2017, la mayoría de las observaciones se subsanaron.
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