Maritza Yeh Chan, coordinadora de la asociación Mujeres Mayas de Quintana Roo, asegura que la falta de traductores e intérpretes en lengua maya ha generado impunidad, pero también afecta otros ámbitos como el de salud y educación.
Para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres indígenas que hablan y entienden la lengua maya y que son víctimas de violencia de género, se imparte el taller de procuración de justicia dirigida a traductores e intérpretes de la lengua maya.
La representante de la Casa de la Mujer Indígena U Muuk’iil Ko’olelo’ob María Uicab, con sede en Felipe Carrillo Puerto, dijo que lograron articular dicho taller por medio de la Fiscalía General del estado (FGE), con lo que se busca brindar herramientas a promotores, traductores e intérpretes sobre procuración de justicia, toda vez que las comunidades indígenas no tienen acceso a la justicia en su propia lengua.
En el taller participan 37 traductores e intérpretes y su realización coincide con la conmemoración, este 12 de octubre, del descubrimiento de América.
La entrevistada precisó que en la Casa de la Mujer Indígena atienden a víctimas de violencia y ahí se ha detectado cómo las mujeres mayas necesitan el acompañamiento para ser canalizadas a una institución, por lo que la falta de intérpretes entorpece la procuración de justicia.
“Es complicado que una mujer pueda tener acceso a la justicia, mientras no sea su lengua, y aunque lo hagan en español omiten mucha información al no explicarlo en su lengua, y además se acercan al ámbito de procuración y no entienden los términos jurídicos”, sostiene.
La activista consideró grave la situación, porque se viola un derecho de los pueblos indígenas, el tener acceso a la justicia con una perspectiva intercultural y de género.
Maritza Yeh Chan afirmó que la ley de derechos lingüísticos establece que las comunidades indígenas deben recibir y ser atendidos en su propia lengua, en este caso la maya o tzotzil -que también toman el curso-. “Es una respuesta a la exigencia de nuestros derechos”.
La activista explica que se busca certificar a los promotores, traductores e intérpretes para brindar acompañamiento a los hablantes de lengua indígena. Aseguró que este problema también trasciende más allá del acceso a la justicia, y trastoca ámbitos como el derecho a la salud y educación, sobre todo la superior, pues tampoco existen traductores.
“Vemos que se ha discriminado a la población maya porque no hablan español o hablan un poquito, y los doctores les dicen que lleven a alguien, e incluso ha habido situaciones que se ha medicado a la paciente sin que el doctor entienda, sólo como que le atina y hubo un caso en donde una mujer recibió medicamentos equivocados”, puntualizó.
Sostuvo que la falta de traductores transgrede los derechos humanos mientras que el Estado no garantice esta obligación.
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