Inconformes con la propuesta de aplicar el Derecho de Saneamiento Ambiental por cada visitante extranjero que se hospede en Cancún, el sector empresarial advirtió que se amparará ante esta medida que, acusaron, sacrifica las tarifas de los hoteleros y coloca una carga fiscal que no debería absorber el turismo.
En conferencia de prensa, diversas organizaciones empresariales como la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres; la Asociación de Hoteles de Chetumal, Bacalar y Mahahual; la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV); el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (ACLUVAQ); el Observatorio Legislativo y la Confederación Nacional de la República Mexicana (Coparmex) se pronunciaron en contra de esta iniciativa propuesta por el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, que pretende incrementar hasta en un 150 por ciento dicho cobro en Benito Juárez.
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Sergio González Rubiera, de la AMAV, consideró que esta propuesta resta competitividad a los destinos turísticos y que no resuelve de fondo el problema ambiental de manejo de la basura que prevalece en todo el estado.
“Nos dicen que nos van a poner un derecho de saneamiento ambiental, es una vergüenza cómo manejan la basura todos los municipios (…) seguro una que lleva un fin económico y político y que no fuimos consultados sobre el impacto que tiene”, dijo.
Los líderes camerales informaron sobre la entrega de un oficio firmado por todas las cámaras al Congreso del estado, en donde plantean los puntos expuestos.
La presidente de la asociación de hoteles en Chetumal, Bacalar y Mahahual, Bertha Nuñez de Cáceres, indicó que de por sí el incremento al salario mínimo les obliga a incrementar costos de hospedaje, pero al sumar el impuesto de saneamiento “hay que echar reversa al costo que obligatoriamente debía haber aplicado para que fuera una tarifa razonable, y al final de cuentas si sacrifiqué mis utilidades, y las sacrifiqué para ser competitiva”.
La empresaria dijo que todo el sector está sacrificando sus tarifas para poder ofrecer una mejor oferta al turismo, pero lo peor del caso es que los municipios en donde ya se aplica este impuesto no han podido palpar que los recursos sean utilizados para los fines ambientales, sino para otros rubros que incluyen el pago de nóminas.
Eduardo Galaviz, del Observatorio Legislativo, se refirió al objetivo de este impuesto que fue creado desde el 2019, sin que en materia ecológica exista el término de “saneamiento ambiental”, por lo cual tiene una falta de reciprocidad legal.
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