El sistema legal de México cuenta con muchos elementos a favor de personas indígenas, que tienen como objetivo evitar injusticias, sobre todo cuando únicamente hablan la lengua de su comunidad y no el español, desafortunadamente no se cumple y eso provoca injusticias constantemente, señalóó Luis Armando Esquiel Orozco, ex presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo.
Y es que las estadísticas a nivel nacional reflejan un importante porcentaje de personas indígenas que se encuentran presas, de las que un 6.8 por ciento son mayas, 16.6 por ciento náhuatl y 7.2 tarahumaras.
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“El número que se dé es grave, porque es un sector vulnerable por las condiciones económicas en las que viven y pues independientemente de eso, la mayoría de las cárceles en México están llenas de gente que no tiene recursos económicos para pagar una defensa”, confirmó.
Entendiendo que el Estado debe proporcionar servicios de asesoría jurídica gratuita, acotó, pero no es suficiente, incluso ellos tienen, como está establecido en la Constitución, que en caso de que no dominen el idioma español siempre se presenta un traductor de sus lenguas y en caso de que no esté el traductor y el acusado sea de origen indígena, todos los actos son nulos.
Es decir, se estarían vulnerando sus derechos y aun así hay mucha incidencia y varias de estas personas están inmiscuidas en temas de delincuencia por circunstancias muy variadas, pero el porcentaje sí es elevado, y deberían de tener una atención de parte de la institución de Derechos Humanos estatal, detalló.
Desafortunadamente, apuntó el entrevistado, en las causantes de las detenciones “hay mucha arbitrariedad. A veces sabemos cómo hacen los levantones las mismas autoridades, la policía, a veces les quitan todas sus pertenencias, recursos económicos que han ganado con esfuerzo y otras veces son las condiciones de desarrollo social y falta de oportunidades, que los obligan a veces a cometer delitos”.
En el caso de que estas personas soliciten el apoyo a los colegios de abogados, aseveró que siempre se les otorga la ayuda, se les escucha y se hace un trabajo de la mano con Derechos Humanos, porque se requiere de una defensa técnica adecuada como lo establece la ley para que ellos tengan ese defensor en caso de que cometan o sean víctimas de algún delito.
Insistió en que ya está establecido en la ley lo que se requiere para evitar actos de injusticia, pero lo que está en las leyes no tiene el debido proceso y argumentan que son muchas denuncias las que se presentan, pero falta en materia de justicia en México tener una justicia pronta y expedita.
“En materia de justicia y más en Quintana Roo en las últimas encuestas y estudios que se han hecho, hemos retrocedido un poco en materia de aplicación de la justicia y en eso tienen que ver todos los operadores de justicia, Ministerio Público, abogados, todos deben estar inmiscuidos para tener mejores jueces, ministerios y una debida aplicación de la ley”, puntualizó.
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