En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Cancún hay preocupación por los principales impactos de la reforma inmobiliaria en propietarios propuesta por los diputados locales, por lo que hicieron un llamado a los integrantes del Congreso a abrir un diálogo y conocer la perspectiva del sector empresarial, expuso Jovita Portillo Navarro, secretaria general del centro empresarial.
“Como representantes del sector empresarial y propietarios de viviendas, deseamos expresar nuestra preocupación y desacuerdo con la propuesta de reforma al Artículo 1003 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, que busca incrementar de dos a tres el número de mensualidades impagas requeridas para proceder con una demanda de desocupación”, presentó.
Esta reforma, aseveró, propicia un entorno que favorece el incumplimiento y perjudica de manera injustificada los derechos de los propietarios, aunado a que los procesos judiciales de desahucio ya son procedimientos largos y complejos que, bajo la legislación actual, brindan amplias oportunidades para que los inquilinos regularicen su situación, y podría disuadir a los inversionistas, reduciendo la oferta de viviendas en alquiler y aumentando los costos.
El Artículo 1004 Bis del Código de Procedimientos Civiles establece que si durante el plazo para el desahucio el inquilino paga la totalidad de las rentas debidas, el proceso de lanzamiento se da por terminado sin condenación. Sin embargo, si este pago se realiza fuera del término señalado, el inquilino será condenado al pago de “costas generadas”.
“Permitir un plazo extendido de tres meses para el incumplimiento de pago no hace más que exacerbar los problemas existentes, alentando a los inquilinos a prolongar la ocupación sin cumplir con sus obligaciones financieras y haciendo más oneroso y dilatado el proceso de recuperación de la propiedad para el arrendador”, alertó Portillo Navarro, quien estuvo acompañada por otros integrantes de la Coparmex, incluida la presidente del organismo, Angélica Frías.
Un procedimiento legal de desahucio, afirmaron, puede durar alrededor de ocho meses, tiempo en el que el dueño de la propiedad deja de percibir recurso económico de la vivienda, lo que resulta en un riesgo económico y legal significativo para los propietarios, quienes se verían forzados a soportar periodos más largos de incumplimiento de rentas y los costos asociados a procedimientos legales extendidos.
“Datos recientes del Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023 del World Justice Project indican que Quintana Roo ocupa el penúltimo lugar a nivel nacional... La ineficacia y lentitud en el sistema judicial de Quintana Roo, junto con la preocupante situación de estado de derecho, pueden exacerbar los problemas para los propietarios sin una reforma judicial que mejore la eficiencia procesal”, enfatizó Portillo Navarro.
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