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Ana Ramírez
20/07/2026 | Cancún, Quintana Roo
Para evitar conflictos empresariales por actividades que se consideren vulnerables, esto ante la inminente actualización de las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se avanza en la capacitación sobre el tema.
El especialista Fausto Bañuelos presentó a los socios Coparmex las nuevas modificaciones a escasos días de que venza el plazo para la publicación de los lineamientos, y la incertidumbre se centra en la capacidad de las organizaciones para adaptar sus procesos internos a un régimen que exige mayor rigor y profesionalización.
"El sujeto obligado no tiene que hacer facultades de persecución, eso lo hace el Ministerio Público; el sujeto obligado tiene que implementar procesos administrativos. El trabajo de los sujetos obligados es básicamente juntar información y documentación y dar avisos a las autoridades, es todo, pero se tiene que hacer sistemáticamente", especificó.
El régimen, dijo, abarca sectores como la comercialización de vehículos, servicios de blindaje, joyería, monederos electrónicos y, de manera muy destacada, el desarrollo e intermediación inmobiliaria; este último sector tiene un peso crítico en regiones con alta actividad turística como Quintana Roo, donde la dinámica de compraventa y arrendamiento de alta gama exige un control minucioso para evitar que las operaciones comerciales sean utilizadas como vehículos para el blanqueo de capitales de procedencia ilícita.
Además, uno de los puntos clave discutidos fue la maduración del régimen legal; aunque socialmente se percibe como algo novedoso, estas obligaciones para los sectores no financieros existen desde hace más de 10 años.
Lo que ocurre actualmente es un proceso de estandarización que busca igualar las exigencias entre bancos y actividades vulnerables; de este modo, un asesor inmobiliario o un notario enfrentan hoy un desafío administrativo equivalente al de una entidad financiera en términos de prevención de lavado de dinero, lo que obliga a las empresas a revisar sus estructuras internas de manera inmediata.
El impacto en el sector inmobiliario es particularmente relevante cuando se trata de arrendamientos y transacciones de alto valor. Estas operaciones se consideran vulnerables cuando superan ciertos umbrales económicos, lo que afecta a locales comerciales y residencias de lujo.
"En algunos casos, el cumplimiento va a implicar contratar a alguien especializado, sobre todo, eso se determina por el volumen de operaciones. El problema es que carecen, por ejemplo, de una herramienta básica, que es el manual de cumplimiento", alertó.
Edición: Estefanía Cardeña
