Texto y Foto: Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya

Tulum
30 de diciembre, 2015

El estadounidense Raymond Craig Stewart está a punto de detonar un conflicto diplomático entre Estados Unidos y México

Hace dos décadas que llegó desde Colorado al municipio de Tulum para disfrutar su retiro, pero su sueño se convirtió en un infierno al ser despojado impunemente de su casa.

Dedicado a su llegada al comercio restaurantero, en 1997 compró un terreno ubicado en el kilómetro 6.5 de la carretera Tulum-Punta Allen, en el ejido Pino Suárez; cuatro años más tarde se nacionalizó mexicano.

Allí empezó su pesadilla: Craig se convirtió en una víctima más de quienes operan el despojo de terrenos costeros en Tulum, delito en el que están involucradas autoridades de todos los niveles.

El 11 de mayo pasado, una mujer llamó a su puerta identificándose como Teodora Xix Cahuich. No tenía idea de quién era, y mucho menos de sus antecedentes como promotora de invasiones en Playa del Carmen y de estafadora de decenas de personas en Yucatán, con la venta de terrenos en Mérida, ilícitos por los que incluso estuvo presa.

Por su negro historial, los medios sensacionalistas de la región la bautizaron como Dora, la estafadora. En efecto, ese día llegó a casa de Craig con dos hombres armados presumiendo su influencia y, además, su amistad con el ex gobernador Félix Arturo González Canto y con el actual mandatario estatal, Roberto Borge Angulo.

El afectado pensó que era una extorsión, pero Dora aclaró que venía de parte de José María Garza Ponce, empresario neoleonés que figura en una lista de despojos en la misma zona del ejido Pino Suárez, también conocida como Punta Piedra, resultado de embargos de juicios laborales.

Más que los vínculos de Teodora Xix con Garza Ponce, a Craig le preocupó el desplante de la mujer: parecía que tenía todo el poder para arrebatarle su casa, aunque finalmente le ofreció un trato: “Dame 15 mil dólares y te puedes quedar con la casa, pero por un año”.

[h2]En defensa[/h2]

Con el apoyo de una amiga, reclutó a un grupo de jóvenes para recuperar la casa, que ya había sido ocupada por Dora, a la fuerza y logró meter a nueve sin que se diera un enfrentamiento, pero casi al amanecer del día 12, el grupo de Dora, a punta de pistola, sacó a los nueve muchachos de la propiedad.

Craig acusó a Dora y pidió a los policías ayuda para sacar a los invasores, pero la respuesta fue un enredado camino de burocracia y corrupción.

La denuncia por despojo, robo y privación ilegal de la libertad contra Teodora Xix quedó estancada por un mes. Finalmente, en junio, Craig logró entrevistarse con el agente del Ministerio Público, al que sólo identifica como Alberto.

“Nos pidió dinero para agilizar el expediente. En total, 200 mil pesos, recordó Craig, pero el asunto tampoco avanzó. El estadounidense se entrevistó con la coordinadora de la agencia del Ministerio Público de Tulum, Evangelina Merino Kantún, para quejarse del proceder de Alberto. Mientras le asignaban un nuevo agente ó Dora la estafadora reforzó la vigilancia de la casa.

Craig preparó una nueva ofensiva para recuperar su casa: otra vez reclutó jóvenes, pero fueron detenidos cuando aún aguardaban la orden y, sin cargos a imputar, fueron arrestados. Craig tuvo que pagar 22 mil pesos para que los liberaran; además, el Ministerio Público le pidió otros 15 mil.

El nacionalizado mexicano se replegó, pero en noviembre retornó al MP, donde recibió la noticia de que el expediente fue consignado a un juzgado de Playa del Carmen, por lo que contrató al abogado Gerardo Prado Herrera, ex funcionario público, cuyo último cargo fue subdirector jurídico del Centro de Reinserción Municipal (Cereso) de Solidaridad.

Durante el proceso de integración de más pruebas, Craig confirmó que Dora la estafadora vendió su casa a Manuel Gómez Galán por siete millones de pesos: la casa ya estaba deshabitada y totalmente saqueada, pero un policía le avisó que había una oportunidad de ingresar a su casa. Sin pensarlo mucho, esquivó la vigilancia y se metió.

Llegó un grupo de policías para obligarlo a salir, y fue el propio subdirector operativo de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Juan Ariel Rodríguez Alonso, quién detuvo personalmente a Craig, quien permaneció encarcelado tres días con cargos no sólo del fuero común, sino también federales, por el arma que tenía, hasta que salió libre baja fianza.

Craig considera que “hay gente más arriba que permite esos despojos, voy a recurrir al Consulado de Estados Unidos”.


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