De la redacción
Foto: Fabrizio León
La Jornada Maya

En México, los ataques contra migrantes son una realidad no superada, y se mantiene dentro de la agenda pendiente del gobierno mexicano; los migrantes que cruzan el país no sólo deben padecer los ataques de la delincuencia organizada y la común, sino además sufren el acoso y hostigamiento por parte de las autoridades migratorias.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes expresaron su repudio a las hostilidades, agresiones, persecución y criminalización hacia los migrantes en su tránsito por México, así como a quienes los defienden, mediante la llamada Declaración de Tenosique.

El documento, fechado en el municipio de Tabasco, está firmado por cuatro organismos: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Ocosingo; Voces Mesoamericanas, AC, e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC.

Las asociaciones civiles condenan las acciones perpetradas por los agentes del Instituto Nacional de Migración (Inami) y los policías municipales, estatales y federales, que encabezan violentos operativos contra los migrantes.

Las organizaciones aseguraron que los operativos son tan violentos que en más de una ocasión han ocasionado incluso la muerte de personas en circunstancias que pueden implicar homicidios culposos, pero que no se han investigado debidamente.

En ese contexto, exigieron la disolución del Plan Frontera Sur y una investigación inmediata y exhaustiva que identifique a las autoridades que han incurrido en cualquier abuso, extorsión y agresión contra migrantes, y que se investiguen los posibles homicidios culposos, como el caso del ahogo de una persona en un río cerca de Palenque, Chiapas.

Las organizaciones manifestaron que el plan “es un mecanismo de persecución que contradice los principios de hospitalidad, humanitariedad y respeto a los derechos humanos que tendrían que normar la actuación de las autoridades en su trato con los migrantes que atraviesan el país”.

Asimismo, mostraron extrañeza por la ausencia de una política de asilo y refugio que salvaguarde la vida de quienes huyen de la violencia de sus países de origen, mientras que la respuesta del gobierno mexicano sea rechazar y perseguirlos, incluyendo a personas que consideraron en extrema vulnerabilidad como menores y adolescentes no acompañados.

También respaldaron las denuncias de la casa de migrantes “La 72”, en Tenosique, Tabasco, ha realizado respecto a la complacencia e inacción de las autoridades ante agresiones que el crimen organizado comete contra los transeúntes, al grado que “obligan a suponer complicidad, así como delitos directos de los agentes de Migración, incluyendo el robo”.
Y destacaron las condiciones de despojo, empobrecimiento y violencia por las cuales los migrantes son obligados a dejar sus países de origen, situación no contemplada por el gobierno mexicano, “que busca criminalizarlos y perseguirlos”.


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