"No es amenaza ni advertencia, es ya se acabó la impunidad", dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto al caso de la empresa Sactun (antes Calica), cuya concesión para la extracción de material pétreo en la Riviera Maya ya venció y no le será renovada, motivo por el que denunció al gobierno mexicano ante tribunales internacionales por más de mil 500 millones de dólares.
“Mil 500 millones de dólares más intereses, cuando están vencidos los permisos… vamos al pleito abierto, que se sepa, mínimo lo vamos a dar a conocer", señaló el mandatario durante su conferencia de prensa mañanera de este martes, al tiempo que adelantó que acudirá ante Naciones Unidas si no hay acuerdo. Cuestionó en reiteradas ocasiones la intención de la empresa de exigir una indemnización: “¿cobrarnos por qué? ¿por material de construcción para Estado Unidos”.
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Informó que dio la instrucción al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, de atender este asunto directamente con los propietarios de Sactun: "busca al presidente del consejo porque esta empresa es muy fuerte y tiene financiamiento de fondos de inversión. Estoy seguro que los accionistas principales no saben de esta tragedia, estamos hablando de la destrucción de (casi) 500 hectáreas”.
Destacó que muchas veces los representantes de las empresas internacionales ocultan a los inversionistas de las mismas la verdadera situación: "sucede que tienen aquí representantes, despachos jurídicos, fiscales, y los de aquí están acostumbrados a comprar a todo el que se dejaba y así resolvían… autoridades estatales en Quintana Roo o aquí y por eso le dije a Esteban no busques al representante, los dueños no es lo mismo que los representantes”.
En el 2000 Sactun, que en ese entonces operaba con la razón social Calica (Calizas Industriales del Carmen), filial en México de la estadounidense Vulcan Materials Company, recibió una concesión del gobierno federal para explotar una superficie superior a 400 hectáreas a aproximadamente mil metros de la costa de la Riviera Maya, de donde extraían material pétreo. También tenían concesión del muelle de Punta Venado, desde donde salía la mercancía con destino a Estados Unidos.
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López Obrador criticó la actuación de la en ese entonces secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Julia Carabias, quien -opinó- pese a declararse ambientalista otorgó estos permisos para explotar una zona ubicada a mil metros de la costa del mar Caribe. Lo anterior ocurrió durante la administración de Ernesto Zedillo, un día antes de que tomara posesión Vicente Fox.
“Ya se les acabó el permiso, no tienen la superficie, lo mismo en el caso del muelle, tenemos que llegar a un acuerdo y ya se está viendo”, manifestó el presidente al tiempo que mostraba una proyección de un mapa de la zona donde se observaba el espacio que ocupan el muelle y los bancos de material, en varios de los casos con el manto freático expuesto.
Mencionó que hubo molestia de parte de los directivos de la empresa porque se diera a conocer el caso en la conferencia de prensa mañanera del pasado lunes, lo que consideraron “inapropiado” si se está negociando un arreglo. Al respecto dijo que el propósito no era exhibir sino transparentar, porque se trata de cuidar el medio ambiente; “además, demandan al gobierno de México, piden millones de dólares, no respetan ninguna ley, ningún contrato”.
Reiteró la propuesta que hizo a la empresa el lunes, en el sentido de cambiar de giro: "la propuesta nuestra es que aún con el daño que se causó es tan bella la zona y el agua turquesa que sale del banco donde han extraído material que podrían hacer como albercas” y ejemplificó con el caso del parque Xochimilco, de grupo Xcaret: “era, en efecto, bancos (de material) y los adaptaron y ahora llega muchísima gente allí”.
Edición: Ana Ordaz
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