Imoveqroo asegura que sólo puede actuar contra taxistas si hay denuncia

Las agresiones en contra de socios conductores de Uber por parte de taxistas son ilegales, confirmó Rodrigo Alcazar, titular del Instituto de Movilidad en Quintana Roo (Imoveqroo), pero aseguró que ellos como instituto no pueden actuar hasta que la autoridad competente resuelva que hubo delito.

La presidente municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, exhortó a los taxistas a que dejen a un lado las confrontaciones, indicándoles que no permitirá que la imagen del destino y la seguridad humana se vean vulneradas. 

"Me dirijo a ustedes para hacerles un llamado a que dejemos a un lado las confrontaciones, que cuidemos de nuestra gente, a los cancunenses, a nuestros visitantes que confían en nosotros", solicitó la alcaldesa. 

Reiteró que garantizará el Estado de Derecho y que prevalezca siempre la paz a través de un camino que beneficie a todas y a todos, el camino de la ley, el diálogo y la paz.

“Los taxistas haciendo funciones de autoridad, esto es totalmente incorrecto, esto es ilegal también y en ese sentido lo que hemos platicado con las demás autoridades es trabajar en conjunto, y aquí me gustaría irme a la Ley de Movilidad en el tema de la revocación, que todo mundo me dice: ‘es que los deberían de castigar, les deberían de quitar’; yo no puedo si la autoridad competente no me da los elementos, yo no soy la autoridad competente para determinar delitos, ni faltas administrativas, en el bando de buen gobierno, como la alteración del orden público”, argumentó Rodrigo Alcazar.

En los hechos registrados en el Ceviche, ejemplificó, llegó la policía estatal, pero no hubo denuncia. Es una situación, expuso, en donde ambas partes están mal y lo que no se puede permitir es que sucedan estas situaciones, por lo que seguirán agotando el diálogo con ambas partes, porque es de suma importancia cuidar la imagen del destino y que no por un acto aislado se crea que los turistas están en riesgo.

Sin embargo, insistió en que él como autoridad de Imoveqroo no puede determinar los delitos que se cometen, sino que tiene que haber una denuncia y la Fiscalía deberá determinar si existió o no existió delito.

En este sentido, el artículo 122 de la Ley de Movilidad incluye las causas de revocación, en donde la fracción 14 dice que ésta se da cuando se compruebe por la autoridad competente y en la última instancia, es decir, cuando ya se agotaron todos los medios de defensa, que un vehículo sujeto a concesión ha sido instrumento para la comisión de algún delito, para el concesionario o algún miembro operador o participación de la concesión.

Lo que significa que comprobado el delito se puede retirar la concesión, siempre y cuando se le notifique posteriormente al instituto, algo que no ha ocurrido en ningún caso hasta el momento.

Tras la resolución por parte de los magistrados federales, que estableció que Uber es un servicio privado y no público, lo que sigue es reglamentar el servicio, mientras tanto todo queda en un limbo jurídico en el que Uber no puede operar.

El gobierno debe esperar a la notificación, comenzar con la modificación de ley y generar el reglamento, para lo cual buscarán privilegiar el diálogo con ambas partes y ya no permitir las agresiones que se han viralizado.

“Ya estamos coordinados con la Fiscalía, el municipio Benito Juárez y el Imoveqroo, el gobierno del estado, para actuar en este sentido; ellos como autoridades competentes me brindarán la información para que yo como instituto pueda actuar y nosotros seguiremos con la negociación con las mesas. Sin romper el diálogo, pero sí habrá mano firme para cuidar la imagen del destino”, aseveró el funcionario.

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Edición: Estefanía Cardeña