Texti y foto: Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya
Mérida Yucatán
Lunes 8 de agosto, 2016
Comunidades mayas apicultoras, asociaciones y colectivos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la siembra de soya transgénica en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo está afectando la vida, integridad, salud y el medio ambiente sano de las congregaciones.
La querella fue presentada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace México, Indignación, Promoción y Defensa de Derechos Humanos (Indignación), y la Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga).
El colectivo señaló que “se afecta el modo de vida y salud de las personas, quienes están en riesgo creciente debido a la deforestación y uso de sustancias tóxicas, como el herbicida glifosfato, que contaminan el agua y el suelo”.
Las organizaciones solicitaron a la CIDH que otorgue medidas cautelares para que el Estado mexicano proteja los derechos de las comunidades y suspenda la siembra de soya genéticamente modificada, en los estados de la península de Yucatán.
La apicultora Leydy Pech Martín, representante de las comunidades mayas, manifestó que “la implementación del proyecto para la siembra de soya transgénica, atenta contra nuestros derechos y cultura. Hemos visto que se han perdido plantas medicinales, árboles vitales para las abejas y decenas de animales”.
“El Estado mexicano incumplió su obligación de prevenir violaciones a los derechos de las comunidades mayas, al no aplicar un principio precautorio, y tener en cuenta los riesgos para la salud que conllevaba el uso del herbicida glifosfato y la siembra de soya transgénica”, señaló, por su parte, María José Veramendi Villa, abogada de AIDA.
En tanto, Francisco Xavier Martínez Esponda, representante legal del Cemda, señaló que “si bien las comunidades obtuvieron sentencia favorable de la Suprema Corte en noviembre pasado, lo cierto es que ese fallo no resolvió los derechos humanos violados, ni ordenar su reparación; por ello, recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
Las comunidades mayas afectadas habitan los municipios de Hopelchén, en Campeche; de Mérida, Tekax y Teabo, en Yucatán, y Salamanca y Blanca Flor, municipio de Bacalar, en Quintana Roo; sin embargo, el permiso afecta a más comunidades y municipios en otros siete estados de la república.
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