La Jornada Maya
Foto: Twitter @jc_ramirezmarin
Mérida, Yucatán
Miércoles 30 de mayo, 2018
"No es lo mismo llegar al Senado, que llegar con la fuerza de los votos. Eso nos permitirá defender con mayor énfasis los intereses de Yucatán y exigir el trato que nos corresponde como miembro de la federación", indicó Jorge Carlos Ramírez Marín, en el marco de una reunión que le organizó un grupo de amigos encabezados por el ex gobernador Federico Granja Ricalde y el ex presidente municipal de Mérida Tuffy Gáber Arjona, con veteranos dirigentes y ex funcionarios, así como buen número de mujeres de la capital yucateca.
El candidato al Senado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) ha intensificado la campaña con caminatas, reuniones vecinales, encuentros con la militancia y otras actividades.
"Ser senador es ser un gran aliado, un defensor y abogado de Yucatán y eso es lo que haré para gestionar recursos dentro y fuera del país para seguir impulsando el desarrollo del estado", enfatizó el candidato en esa reunión.
"Ése es el trabajo del senador, representar a su estado, equilibrar las decisiones y políticas públicas con respecto a otras regiones del país. Por eso quiero ganar amigos, para estar en la mesa de negociaciones y el estado siempre salga beneficiado. Es hora de hacer el futuro de Yucatán", enfatizó, ante los aplausos de sus anfitriones.
"Tú vas a ganar y serás nuestro representante, eres un hombre disciplinado, de gran dinamismo y capacidad que has hecho camino. Estamos seguros que lograrás tu objetivo y para ello cuentas con nosotros para convencer a más personas y multiplicar los votos para llevarte al Senado", afirmó Granja Ricalde.
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada