La Jornada Maya
Foto: Congreso Yucatán
Mérida, Yucatán
Miércoles 23 de octubre, 2019
El Congreso local aprobó por unanimidad las reformas a la Constitución Política de Yucatán para darle autonomía y cambiar de Vice fiscalía a Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con un presupuesto propio y autonomía técnica y de gestión total.
En la sesión ordinaria de este miércoles, todas las fuerzas políticas también avalaron por unanimidad las modificaciones a la Constitución local, en materia de inhabilitación por faltas administrativas y hechos de corrupción a funcionarios públicos y particulares.
Respecto de la Fiscalía Anticorrupción, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI) destacó que este dictamen permitirá dejar fuera a quienes cometen actos de corrupción.
Rosa Díaz Lizama (PAN) manifestó que se entrega una herramienta a los yucatecos para que puedan conocer si existen actos de corrupción y se castigue a quien incurra en ellos, además de que no se generarán gastos en este traslado, porque los recursos humanos y económicos, serán los mismos que tiene la actual Vicefiscalía.
Respecto de la inhabilitación por casos de corrupción, Silvia López Escoffié, de Movimiento Ciudadano, indicó que tiene el objetivo de evitar que quienes solo buscan el interés personal, “no sigan cerca o estén en el gobierno”, con la inhabilitación para trabajar en cualquier nivel o instancia del mismo.
Karla Franco Blanco (PRI) agregó que este dictamen también sanciona a particulares que hayan sido involucrados en estos actos ilegales, para que no puedan acceder a arrendamientos o licitaciones por parte del gobierno.
En la misma plenaria, diputadas y diputados aprobaron por unanimidad el dictamen para desechar la iniciativa que modifica la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado, que proponía calcular el pago de jubilaciones y pensiones del Isstey en Unidades de Medidas de Actualización (UMAs).
La propuesta fue hecha por el Ejecutivo local, que busca evitar una eventual quiebra de la institución que se encarga de las pensiones de unos dos mil 700 burócratas estatales.
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