Retrasos en notificación de reformas es por recorte presupuestal: Cervera

Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 6 de marzo, 2019

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera Hernández, reveló que debido a la falta de recursos por el recorte de casi 20 millones de su presupuesto original, las notificaciones de reformas a la Constitución local, como la revocación de mandato, se han retrasado considerablemente, pues no se cuenta ni con vehículos oficiales para realizar tal empresa.

Entrevistado minutos antes de la sesión plenaria, el legislador de extracción priísta comentó que luego de que en el Pleno se aprobaran cambios a la Carta Magna, donde se establece la figura de la revocación de mandato, la falta de recursos para enviar las notificaciones a los ayuntamientos para que éstos a su vez sesionen y lo avalen, ha causado que hasta el momento ningún cabildo sea notificado.

“Desde el principio de esta Legislatura tenemos fuertes carencias en el Congreso, y entre ellas no contamos con un departamento armando notificaciones, no tenemos vehículos en el Poder Legislativo, así que debemos organizarnos precisamente con los propios trabajadores que normalmente se hacían con los vehículos propios de los trabajadores, darles el combustible y ver que se hagan las respectivas notificaciones”, reveló.

Rechazó que la entrada en vigor de esa ley hasta el 2021 tenga que ver con algún tipo de impunidad para las actuales autoridades, toda vez que ningún marco legal puede ser aplicado de manera retroactiva.

Para evitar que haya un llamado de alguna autoridad, que alguien se ampare, que alguien pida que se están violando derechos adquiridos, pues simplemente se prevé en la legislación y eso se hace en cualquier caso cuando se aprueba cualquier tipo de legislación y no puede ser aplicada para quienes están en ese momento legislando”, ahondó.

Cabe señalar que la reforma constitucional es el primer paso para la revocación de mandato, la cual deberá ser aprobada por la mitad más uno de los 106 ayuntamientos del Estado, para que después se realicen leyes secundarias que determinen las reglas para que una mala autoridad pueda ser removida de su cargo mediante los mecanismos de participación ciudadana ya contemplados en la ley.