La Jornada Maya
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
Mérida, Yucatán
Martes 5 de marzo, 2019
La titular de la Secretaría de las Mujeres, María Herrera Páramo, consideró que sería un desacierto del gobierno federal dejar sin recursos a los refugios que brindan atención a mujeres víctimas de violencia, y afirmó que estos sitios contribuyen a evitar la pérdida de vidas cada año. "Se puede hacer una evaluación profunda pero nos queda claro que los refugios previenen feminicidios", agregó.
Luego de la polémica que ha generado la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de recortar poco más de 300 millones de pesos destinados para los centros de apoyo a mujeres violentadas para dárselo directamente a éstas, agrupaciones civiles, activistas y la propia Red Nacional de Refugios urgió al Ejecutivo rectificar esta decisión, pues insisten en que los centros fungen como entes preventivos y de apoyo crucial a las féminas.
Herrera Páramo, quien es miembro de dicha red, aseguró que el recorte fue un "anuncio desafortunado", por lo que insistió en que es necesario que los refugios sigan operando.
"Los refugios son un logro de la sociedad, sobre todo poder posicionarlos para atender a mujeres victimas de violencia. Era un grave desacierto que se desaparezca la convocatoria cuando ya había sido publicada", externó.
Asimismo, aceptó que si la política va encaminada a prevenir actos de corrupción, existen alternativas para verificar su veracidad.
"Que hay cosas que auditar, todos somos conscientes de ello, pero me queda claro que no se puede quitar algo si no hay un equilibrio o una política que supla el recorte", apuntó
De igual manera, la funcionara estatal recordó que la propia Secretaría de Salud federal rectificó y volvió a establecer la convocatoria para los refugios, aunque el gobierno mantiene su postura de idear una estrategia para que el recurso sea entregado a las usuarias y no a las agrupaciones que los operan.
Comentó que estos sitios atienden a unas 20 mil mujeres por año, y afirmó que esta labor "le sale barato" al estado, pues son las agrupaciones civiles quienes se encargan de su funcionamiento.
En el caso de Yucatán, operan dos refugios que apoyan a mujeres víctimas de violencia que funcionan en Mérida, los cuales saldrían afectados con la decisión del Ejecutivo federal.
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