Emite Codhey 40 recomendaciones en 2018, principalmente a la SSP

La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 27 de febrero, 2019

Este miércoles se presentó el informe anual de actividades correspondiente al 2018 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), en el que se emitieron 40 recomendaciones, dirigidas principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) así como a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El presidente de la Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana, indicó que 211 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, arrestos, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.

Señaló que durante el periodo del primero de enero al 31 diciembre de 2018, se recibieron en las oficinas de Mérida, las Delegaciones de Valladolid y Tekax, así como en las oficinas de enlace, un total de 3 mil 566 solicitudes de atención, es decir, un promedio de 10 asuntos por día.

En atención a estos hechos, se formaron 3,116 expedientes de orientaciones y gestiones. También se integraron 330 quejas, un promedio de 20 por mes. Debido a la trascendencia de hechos que constituyeron presuntas violaciones a derechos humanos, observados a través de publicaciones en los diversos medios de comunicación, se iniciaron de oficio 35 expedientes.

Para agilizar los procedimientos, se realizaron un total 121 conciliaciones con diversas autoridades, resguardando lo derechos de los quejosos.

Los hechos violatorios más recurrentes durante el 2018 que se informa fueron: prestación indebida del servicio público, 294; detención arbitraria, 215; lesiones, 187; amenazas, 81; retención ilegal, 60; robo, 60; allanamiento de morada, 52; tratos crueles, inhumanos o degradantes, 51; violación a los derechos de los niños, 40; violación del derecho de los menores a que protejan su integridad, 38.

Las 10 autoridades más señaladas por los quejosos fueron la Secretaría de Seguridad Pública con 183; Secretaría de Educación, 29; Ayuntamiento de Kanasín, 26; la Fiscalía General del Estado, 25; Ayuntamiento de Mérida, 12; Ayuntamiento de Progreso, 11; Secretaría de Salud de Yucatán, 8; Ayuntamiento de Tekax, 6; Ayuntamiento de Hoctún, 5; y Ayuntamiento de Valladolid, 5.

Sabido Santana detalló que dentro de los procedimientos de quejas se dictaron 113 medidas cautelares a un total de 18 autoridades, de las cuales 95 fueron aceptadas, es decir, el 84 por ciento de las medidas dictadas.

Se interpusieron ante el Ministerio Público 15 denuncias penales contra funcionarios públicos por hechos que además de ser presuntas violaciones a derechos, a criterio de la propia institución, se pudieran desprender hechos presuntamente delictivos.

Se llevaron a cabo 169 diligencias con relación al incidente extraordinario de presentación de personas, para la búsqueda y localización de ciudadanos reportados como desaparecidos o detenidos ilegalmente.

Asimismo, se emitieron 40 recomendaciones, dirigidas a un total de 28 autoridades. Las cinco más recomendadas fueron: Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 11; Fiscalía General Estado, 5; Presidente Municipal de Motul, Progreso y Ticul, 2 cada uno.

En materia de capacitación se realizaron diversos cursos y talleres en 16 ejes temáticos, alcanzando a más de 65 mil personas, y el objetivo en 2019 es incrementar el universo de personas capacitadas y lograr que se conviertan en multiplicadores y replicadores de toda la información, en el hogar, en la escuela, en el trabajo.

En el marco del Informe Anual de Actividades, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) señaló las deficiencias detectadas en los 125 centros de salud ubicados en los 106 municipios, como falta de: personal, mantenimiento de sus instalaciones, equipo y material de trabajo, medicamentos así como, en algunos casos, insensibilidad en el trato a los pacientes.

Ante los diputados de la LXII Legislatura, el Presidente de la Codhey, Miguel Óscar Sabido Santana, presentó el resultado de las investigaciones realizadas durante 2018 por el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos.

De la investigación en los 125 centros de salud, se puede señalar que los 10 que presentaron mayores deficiencias se encuentran en los municipios de Kantunil, Samahil, Chemax, Progreso, Valladolid, Ticul, Panabá, Tekax, Uayma y Kanasín.

Por lo que exhortó a las autoridades promover el trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares así como brindar en todos los centros de salud, servicios más efectivos y de calidad.

En el programa de supervisiones, se realizaron visitas a los hospitales públicos como el Hospital General Dr. Agustín O´Horán, Hospital Psiquiátrico de Mérida, Hospital General de Tekax, Hospital Materno Infantil, Hospital Comunitario de Peto, Hospital Comunitario de Ticul, Hospital General “San Carlos” de Tizimín y Hospital General de Valladolid, donde también se advirtieron necesidades tales como: insuficiencia de personal médico, de enfermería y de seguridad; la falta de infraestructura y de equipamiento adecuado en sus instalaciones; desabasto de medicamentos; y en algunos casos, la falta de sensibilización del personal en su trato hacia los usuarios.

Las supervisiones también incluyeron las cárceles municipales y a las instalaciones del área de detención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde se observó que el 68 por ciento de los municipios no cumple con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención.

Entre las irregularidades, se encuentran que carecen de registros de ingresos y egresos de las personas detenidas, no se les practica ninguna valoración médica, presentan deficiencias en cuanto a higiene, ventilación e iluminación tanto artificial como natural, las comandancias se encuentran lejanas a las cárceles municipales, carecen de personal médico, entre otras.

Las 10 cárceles que presentaron mayores deficiencias fueron las de Acanceh, Dzan, Kaua, Tahmek, Tecoh, Ticul, Tzucacab, Yobaín, Chemax y Peto. Los municipios que realizaron cambios de sede y de infraestructura, que mejoraron considerablemente sus condiciones, fueron: Teya, Opichén, Suma de Hidalgo y Buctzotz.