Reaparece Silvia López con iniciativa de “muerte civil a corruptos”

Texto y foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Jueves 17 de enero, 2019

La diputada local del partido Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, presentó una iniciativa de ley para “dar muerte civil para los corruptos”, mediante una serie de adecuaciones legales para que quien haya sido procesado por daños al erario público no pueda ser recontratado por ninguno de los órdenes de gobierno ni contender a un puesto de elección popular.

En la sesión de este miércoles, López Escoffié señaló, en asuntos generales, que partiendo de la premisa de que hay que impedir que los corruptos sigan o ingresen al gobierno, es necesario reformar la Constitución estatal para precisar dicho objetivo.

“Proponemos que la Constitución del estado establezca y precise como objetivo fundamental del Sistema Estatal Anticorrupción el erradicar de los órganos de gobierno las prácticas de corrupción realizadas por servidores públicos y particulares, a través de políticas de prevención, identificación y sanción, que impidan permanentemente a los responsables tener trato alguno con el sector público. Para lo anterior, se propone reformar el artículo 101 Bis, en su segundo párrafo”, detalló.

Apuntó que, para evitar que personas condenadas por actos de corrupción puedan acceder a cargos de elección popular, se propone establecer que para ser gobernador, diputado o presidente municipal, uno de los requisitos sea no haber sido condenado por dichos actos.

“Dado que el auditor superior es pieza fundamental en el Sistema Estatal Anticorrupción, con el objeto de que cuente con la atribución precisa, se propone reformar el artículo 43, para establecer que la Auditoría Superior del Estado tenga a su cargo investigar actos u omisiones que impliquen corrupción”, ahondó.

Explicó que para asegurar que el perfil de las personas que aspiren al cargo de magistrado del Poder Judicial del estado garantice honestidad en sus actos, se propone adicionar como requisito el no haber sido condenado por actos de corrupción.

“En relación con los funcionarios públicos y los particulares a quienes se haya condenado el delito de corrupción, se propone para los primeros la inhabilitación permanente para seguir trabajando en el gobierno, y para los segundos la inhabilitación permanente para celebrar acuerdos de trabajo con el sector público. Para ello, proponemos reforma la fracción II del artículo 98 de la Constitución estatal”, detalló.

Se propone, comentó, como sanción administrativa para los servidores públicos que en el ejercicio de su encargo hayan participado en actos de corrupción, independientemente de otras que señale la ley, la inhabilitación permanente para seguir desempeñando el cargo.

Finalmente, dijo, se propone reformar el artículo 99 para establecer como sanción para los servidores públicos condenados en juicio político, además de la destitución, la inhabilitación permanente para volver a despeñar un cargo público.