La Jornada Maya
Foto: Cortesía
Chablekal, Yucatán
Lunes 28 de agosto, 2017
Este lunes 28 de agosto se cumplen tres años de que la Unión de pobladoras y pobladores de Chablekal por el Derecho a la Tenencia de la tierra, el Territorio y los Recursos Naturales se conformaron para defender al pueblo del despojo y de la venta indiscriminada de tierras, de la ambición y de la corrupción.
El grupo asegura que quienes conforman la unión se mantienen firmes y en posesión del polígono ejidal denominado Misne Balam.
Por lo tanto, ante los rumores insistentes que circulan en Chablekal acerca de una posible venta de Misne Balam, el grupo de pobladores niega totalmente estos señalamientos y denuncian la continua amenaza de que Carlos Abraham Mafud.
Desde el pasado quince de noviembre del año 2016, el Tribunal Unitario Agrario con sede en esta ciudad de Mérida fue obligado por un Juez Federal a otorgar la suspensión y medidas precautorias para evitar que se sigan vendiendo las tierras de uso común del Ejido de Chablekal, las cuales se encuentran en posesión de las y los pobladores.
El acuerdo dictado establece que al advertirse la demanda principal solicitada que medularmente exige el reconocimiento de avecindados del ejido demandado y los posibles derechos de posesión en caso de obtener una sentencia favorable.
Así lo acordó Juan Rodolfo Lara Orozco, magistrado del Tribunal Unitario Agrario del distrito 34, quien actúa ante Carlos Luna Ruiz, secretario de acuerdos.
Dicha suspensión es una medida precautoria que ordena al ejido de Chablekal dejar las cosas en el estado en que se encuentran, en este caso, que se respete la superficie de tierras que tenemos en posesión en tanto se resuelve el juicio agrario que mantenemos.
La unión hace del conocimiento público esta medida precautoria, para efectos del conocimiento de la asamblea general de ejidatarios, mismos que a decir de muchos de sus integrantes hasta ahora no han sido informados debidamente por las autoridades en turno que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia.
Finalmente es preciso señalar que, en caso de que el comisariado ejidal y la Asamblea general de Ejidatarios vendan dichos terrenos, cometerán el delito de desobediencia a una orden judicial, mismo que puede recibir una sanción penal o en su caso administrativa.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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