Paul Antoine Matos
Foto: Raúl Angulo Hernández
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Viernes 17 de febrero, 2017
Ejidatarios de Chocholá advirtieron, a través de un boletín acompañado por fotografías, que existe un peligro medioambiental en ese municipio, ubicado en el anillo de cenotes, debido a la extracción de piedra por parte de una cementera –cuyo nombre no mencionan–, debido a que pueden contaminar el manto acuífero de Yucatán.
Claudia Cob Durán, Samuel Rosado Martin Natividad Romero y Bernardo Macossay Cuevas, quienes signan el comunicado y se presentan como autoridades ejidales de Chocholá, afirmaron que se “planea instalar una gran cementera que contaminaría el aire, las tierras a su alrededor y el agua subterránea que alimentan a muchos pueblos cercanos y hasta la ciudad de Mérida”. Por ello, la comunidad se organiza para proteger a sus familias.
Aseguraron que los daños serían en cuevas y cenotes, porque ya se observan afectaciones en el material que se explota, “provocará problemas en la recarga de agua de una zona hidrológica muy importante para el estado y su impacto puede afectar hasta los sistemas humedales del occidente”.
También se prevé contaminación del aire por emisión de gases de efecto invernadero, por la quema de combustibles fósiles, enfermedades respiratorias y destrucción de la selva y su biodiversidad.
“Nunca nos explicaron que se intentaba destruir 3 mil 500 hectáreas de selva, milpas y apiarios, o que se quería escarbar la tierra a varios metros de profundidad, y mucho menos que se instalaría una fábrica de cemento en nuestro ejido”, dijo la comisaria Claudia Cob.
Los quejosos aseguraron que la zona, en la que actualmente se extrae material de construcción para la ampliación de la carretera Mérida-Campeche, ha sido explotada desde 2004, aunque en aquel entonces los ejidatarios firmaron un convenio.
Sin embargo, en años posteriores ya no se firmó de nuevo, y aun así siguió siendo “ilegalmente explotada”, sin beneficio alguno para los pobladores. De ello ya se informó a la Fiscalía General del estado y al Tribunal Agrario, indicaron.
Asimismo, aseguran que la la empresa entregó 70 millones de pesos a las anteriores autoridades ejidales; es un caso de “abuso y corrupción que ha dividido al pueblo y que ha hecho que se pierda la confianza en nosotros mismos y nuestros líderes”.
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