La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Domingo 16 de febrero, 2020
El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) informó que el pasado 7 de febrero, con el apoyo de la organización Article 19 México, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolviera directamente las distintas violaciones a la Constitución Federal cometidas en 2019 por el Congreso de Yucatán. Debido a la gravedad de esas violaciones, los activistas denominan este fenómeno como “YucaBrexit”, dado a que implica una decisión jurídica y política de un congreso estatal de no seguir cumpliendo con el Pacto Federal (es decir, la Constitución Federal).
El año pasado, el Colectivo PTFY y distintas organizaciones presentaron un total de cuatro juicios de amparo en contra del Congreso de Yucatán por votar de manera secreta en dos ocasiones en contra de la iniciativa para reconocer el matrimonio igualitario. Con la solicitud presentada, la SCJN decidirá si resolverá de forma directa dos de estos juicios.
El primero se trata del Amparo en Revisión 233/2019, presentado en conjunto con Article 19 y otras organizaciones en contra de haber realizado la votación legislativa por medio de cédula el 15 de Julio, impidiendo conocer el sentido del voto de cada legislador estatal, yendo en contra del mismo reglamento interno del Congreso de Yucatán. El otro es el Amparo en Revisión 357/2019, el cual se presentó en contra de la negación del 10 de Abril a reformar la Constitución Yucateca para reconocer el matrimonio igualitario, lo cual viola tanto el principio de no discriminación establecido en la Constitución Federal como la prohibición de que las Constituciones locales contradigan lo que dice la Federal, así como la jurisprudencia 43/2015 de la SCJN que ordena que los Congresos locales deben permitir el matrimonio igualitario.
El Colectivo PTFY señaló que lo que hizo el Congreso de Yucatán fue decidir que no se cumpliría en Yucatán con distintos puntos de la Constitución Federal, generando un peligroso precedente de desacato, razón por la que ha surgido en redes sociales la etiqueta #YucaBrexit.
“El Poder Legislativo, en dos ocasiones, decidió que la Constitución Federal no sería acatada y en rebeldía realizaron una votación secreta, que es inconstitucional, decidieron que el principio de no discriminación tendría un alcance distinto al que ha dicho la SCJN y, además, que la Constitución Yucateca podía desobedecer lo ordenado por la Federal”, indicó Alex Orué, miembro del Colectivo PTFY. “Es decir, en Yucatán vivimos con una protección constitucional distinta a la del resto del país porque el Congreso de forma unilateral decidió de facto separarse del Pacto Federal”.
Por su parte, Carlos Escoffié, abogado del Colectivo PTFY, indicó que si bien aún habría que esperar si la SCJN decide o no atraer los dos amparos, confían en que las violaciones cometidas serán atendidas por su gravedad y trascendencia. “Las dos votaciones realizadas el año pasado por el tema del matrimonio igualitario implican graves violaciones tanto en su forma como en su fondo, por lo que la Suprema Corte podría atraer los casos, analizar temas inéditos y establecer precedentes de gran importancia”.
El Colectivo PTFY también señaló la importancia de que la SCJN resuelva directamente el caso del YucaBrexit, dado que hasta ahora las instancias federales con sede en Mérida no han resuelto de conformidad con los estándares constitucionales. Al respecto, recordaron que el pasado 3 de febrero dieron a conocer que el Juzgado Tercero de Distrito desechó un amparo distinto, presentado por residentes del estado sin analizar el fondo de la demanda, argumentando que las personas que la firmaron“no acreditaron” ser homosexuales, de acuerdo al Juzgado. “Ante este tipo de respuestas, nos preocupa que las presiones externas impidan que los amparos sean resueltos con la seriedad que merecen, por lo que sería de gran importancia que la SCJN atraiga los dos amparos que solicitamos”, indicaron Orué y Escoffié.
Por último, el Colectivo PTFY, reconociendo los esfuerzos de la SCJN y de su ministro presidente Arturo Zaldívar por reformar el Poder Judicial, resaltaron que los dos casos expuestos al máximo tribunal del país son de alta relevancia no solo para Yucatán, sino para toda la Federación Mexicana, no solo por sus claras implicaciones en el ejercicio de los derechos humanos de las familias conformadas por personas LGBTQ+, sino porque el permitir que el Congreso de Yucatán decida contradecir a la Constitución Federal debilitaría el Estado de Derecho, dejando un preocupante precedente”, concluyeron.
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