El Poder Judicial del Estado de Yucatán informó que 11 ex regidores del cabildo de Celestún fueron vinculados a proceso por uso ilícito de atribuciones y facultades y por peculado, cometidos en pandilla.
Otorgaron de manera ilícita, según detalló la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, los enajenaciones sobre dos tablajes catastrales que, hasta ese momento, eran propiedad del municipio; procediendo a venderlos a favor de otras tres personas imputadas, socias de la empresa compradora.
De acuerdo con el órgano jurídico, en audiencia realizada el 5 de agosto, en el Centro de Justicia Oral de Umán ante la Jueza de Control del cuarto distrito judicial del sistema penal acusatorio, Mariza Virgina Polanco Sabido, las 11 personas fueron vinculadas a proceso penal por su probable participación.
La Jueza de Control expuso en la audiencia que se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y en la Constitución Federal para dictar el auto de vinculación por tales delitos, con lo cual se continuará el proceso penal a los imputados por esos hechos.
Mediante una sesión del cabildo con fecha del 18 de junio de 2018, revelaron, que el órgano municipal aprobó unánimemente la enajenación de dichos terrenos, aún cuando no se cumplía con seis de los nueve requisitos mínimos que prevé el artículo 155 de la Ley de Gobierno de los Municipios para tal efecto; “esto en favor de tres personas físicas que pagaron 400 mil pesos por los bienes inmuebles cuando éstos en verdad tenían un valor comercial de 57 millones 245 mil 196.49 pesos, dañando con ello, gravemente, el patrimonio municipal, quien encontró un déficit de 99.31 por ciento en esa operación”.
En el caso del perito valuador, también imputado en la audiencia, se le atribuyen dichas conductas en el grado de partícipe. Por su parte, una de las ex-regidoras que no estuvo presente en la audiencia, será presentada, con auxilio de la fuerza pública el próximo 23 de agosto.
La Jueza de Control Polanco Sabido impuso a los imputados medidas diversas a la prisión preventiva: acudir a firmar ante la autoridad, embargo de bienes, sometimiento a la vigilancia del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, prohibición de acercarse a testigos, todas estas medidas por todo el tiempo que dure el proceso penal.
La juzgadora otorgó a los fiscales el plazo de seis meses para continuar con la investigación complementaria del caso.
Edición: Ana Ordaz
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