Desarrollo inmobiliario: un nuevo colonialismo en comisarías de Mérida

En los últimos 10 años se agravó la gentrificación del municipio
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Especial: Expansión galopante

Por las cataratas, consecuencia de su avanzada edad, doña María Concepción Herrera Chan ha perdido la vista. Sin embargo, aún recuerda la imagen de su pueblo, Santa Gertrudis Copó: lo ve todo lleno de árboles, verde, recuerda el paso de los trucks sobre los rieles que cargaban el “oro verde”: henequén. La tranquilidad de caminar sin temor a ser atropellados.

Antes de perder la vista por completo, alcanzó a ver las nuevas viviendas que se empezaban a construir alrededor de su comunidad, que ahora luce completamente diferente a hace unos años. Si pudiera volver a ver, doña Concepción desconocería por completo a su comunidad.

“Antes había henequén, sacábamos henequén, todo eso lo hacía con mi difunto marido, vivía bajo una mata grande de huaya, había trucks para ir a buscar el henequén en San Pedro Noh Pat, con las mulas y caballos grandes”, indica.

La expansión sin control de decenas de desarrollos inmobiliarios, edificios, departamentos y viviendas de lujo en la periferia amenaza a varias comisarías, subcomisarías y poblaciones mayas del norte del municipio de Mérida, como Copó, Chablekal, Temozón, Cholul, Caucel, entre otras. Grandes complejos contrastan con la imagen rural de los poblados, parecen “devorar” a las comunidades, lo que refleja una desigualdad social; por un lado, se cuenta con todos los servicios, pero el otro no tiene escuelas u hospitales. 

Además, los pobladores temen desaparecer por estos grandes complejos habitacionales, también han tenido varios conflictos de despojos, compras irregulares de tierra, fraudes y problemas con quienes ocupan estas viviendas, ya que no respetan sus tradiciones, costumbres y festividades, Les molesta que hagan sus fiestas patronales, que críen animales en sus patios. Sus calles, donde transitaban a pie o en bicicleta, se han convertido en “autopistas” o calles de paso para muchos automóviles.

Expertos indican que esta situación es un nuevo tipo de colonialismo, ahorcan las comisarías. “Estamos viviendo un momento muy intenso de colonización, equiparable a muchas cosas que se vivieron a finales del siglo XV y XVI: convertir pueblos en fraccionamientos. Este nuevo colonialismo está impulsado principalmente por los negocios inmobiliarios en colusión con las autoridades municipales”, expresó en una conferencia Rodrigo Llanes Salazar, antropólogo y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Un ejemplo palpable de esta problemática se observa en Santa Gertrudis Copó, una comisaría meridana cuya población es de apenas 707 personas. Una imagen refleja la desigualdad: el campo de fútbol de la comunidad junto a una telesecundaria; atrás, grandes edificios parecen absorber al poblado.

 

 

Asimismo, cerca de la población rural se pueden ver departamentos y viviendas con una arquitectura completamente diferente, entran autos y camionetas de lujo.

También hay negocios y escuelas particulares, entre otras infraestructuras.

“Antes no cruzaba ni un vehículo y ahora cruzan como si fuera una carretera normal y no les importan los niños”, indica Gloria May Tzuc, habitante de Santa Gertrudis, mientras señala un camino de terracería donde juegan sus dos hijos con su perro.

La mujer concede una entrevista en la puerta de su casa, junto a su abuela María. La vivienda destaca por tener una fachada decorada con varias esculturas religiosas, la mayoría fueron testigos de recorridos hasta la Ciudad de México para visitar el santuario de la Virgen María. Sus parientes son antorchistas. “Son especiales”, expresa.

La entrevistada comenta que crían animales de traspatio; gallinas, pavos, pero a sus vecinos no les gusta el sonido que hacen. Además, comenta que los habitantes de los desarrollos aledaños se molestaban porque hacen ruido y tienen que encerrarlos para que no causen molestias.

Concepción Herrera, antes de quedar ciega, pudo ver la construcción de estos desarrollos: “Me asusté, no debe ser”, comentó.

Tan dominante ha sido la expansión que, incluso, el pueblo tenía un espacio destinado para la construcción de un cementerio, pero el terreno fue vendido por los comisarios para construir una privada hace muchos años, por lo que tienen que enterrar a sus difuntos hasta Cholul o en el cementerio de Xoclán.

También admitieron que personas y empresarios se han acercado buscando comprar sus terrenos, pero su abuela se ha negado, pues es una herencia para sus hijos y nietos. “No lo voy a vender, es un recuerdo de mi esposo, se lo dio su papá para trabajar, es una herencia”, expresó.

María Ángela Tec Cob, de 83 años, habitante de la comisaría desde que nació, recuerda que cuando se casó no había luz ni agua y todo era puro monte, luego empezaron a “chapiar” y todo cambió.

Ella comenta que una vez la intentaron “sacar” de su casa, pues una persona de quien no recuerda el nombre le dijo que era dueña de su terreno y que debía abandonarlo, entonces le compraron otro para irse a vivir. “Me dijeron que me iban a construir mi casa ahí”, comenta. No le gustó, por lo que decidió retornar a su espacio a ejercer su derecho a permanecer en su hogar; de ahí no se movió y pudo quedarse.

“Me gusta vivir aquí, puedo ver a todas las personas que pasan y donde me llevaron no, era puro monte no había nada. Parecía un ganado encerrado en el monte”, relata María Ángela, quien está afuera de su casa, junto a sus dos perros y su gallo.

 

 

Leydi Eloína Cocom Valencia, comisaría de Santa Gertrudis Copó, revela que en los últimos 10 años se ha agravado el problema de la gentrificación y auge de los desarrollos inmobiliarios, lo que afecta severamente a la comunidad; pero no son tomados en cuenta por las autoridades para preservar su comunidad.

La comisaría calcula que actualmente hay más de 20 alrededor y dentro del poblado. Una de las principales consecuencias, detalla, es el cambio en sus modos de vida, “quieren quitarnos nuestras tradiciones y costumbres”, todo a lo que la comunidad está acostumbrada.

Asimismo, el tráfico vehicular se ha vuelto un problema porque al ser una población que suele andar en triciclo o en bicicleta, al haber un desarrollo inmobiliario dentro de la misma comisaría, propicia que aumente el flujo de autos.

Eloína Cocom recuerda que hace dos años, cuando se realizó una fiesta patronal en la comisaría, con bailes populares, gremios, novenas, voladores, los vecinos de una residencial giraron un oficio al Ayuntamiento de Mérida porque “el pueblo estaba haciendo mucho ruido”.

No obstante, ella le comentó al municipio que esta denuncia no debería proceder, porque están atentando contra una tradición de la comunidad que siempre se ha hecho desde la época de sus abuelos, desde que se fundó la comunidad.

Incluso en ocasiones han enviado a elementos de la policía para hacer presión o calmar, pero la gente ha defendido sus formas de vida; se quejan de los voladores pues el ruido afecta su tranquilidad y la de sus mascotas, que le puede dar un infarto. “Con este tipo de actitudes nos están diciendo que no hagamos nuestras fiestas, pero yo les digo que con todo respeto vienen a una población originaria con ciertas tradiciones y costumbres, no son fiestas de todos los días”, expresa.

Pero confiesa que hay algunos residentes de estos fraccionamientos que sí demuestran su respeto hacia sus tradiciones, incluso participan en sus festividades, pero debe prevalecer la sana convivencia, indica.

La comisaría resume: “Santa Gertrudis se encuentra encapsulada por estos mega desarrollos inmobiliarios, nunca hubo una consulta para preguntarnos si estamos de acuerdo; sí, mi pueblo ha sido maltratado por empresarios”.

Remata: “Nos sentimos amenazados de que en algún momento, me lo han dicho la comunidad, estamos a punto de desaparecer, de que está gente sea mayoría y es como algo avasallador, aplastante”.

 

 

Invasión al campo

También recuerda un problema de invasión contra su campo de fútbol, usado por la población desde hace más de 20 años, que tienen desde el 2018, con la construcción de un muro sin permiso de la comunidad, lo que ha derivado en protestas y acciones de los pobladores para detener esta construcción. “No es posible que estás personas se ostentan como dueños y quiten una parte de nuestro campo deportivo”, dijo.

De hecho en un recorrido realizado por este lugar, se puedo observar a personas trabajando la obra, que cubre una parte de su campo. “Hay un traslape entre terrenos, el campo está conformado por dos tablajes, uno del Instituto de la Vivienda (Ivey), y otro perteneciente a terrenos ejidales y particulares. Alguien tiene que darnos una respuesta o una solución a esta situación”, manifiesta.

 

 

Fraudes y despojos

Una panorama similar se vive en Chablekal, que están rodeados por plazas comerciales, complejos habitacionales de lujo, como Country Club, La Ceiba, muchos terrenos han sido vendidos por los comisarios ejidales en turno, a grandes empresarios, pero esto mediante fraudes y ventas irregulares; otros sí han vendido por presión o falta de recursos, reconoce Randy Soberanis Dzul, integrante de la Unión de Pobladoras y Pobladores de Chablekal por el Derecho a la Tenencia de la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales. 

Ante esta situación, la comunidad está viendo el final de los pueblos originarios de la periferia de Mérida. Por ejemplo, antes la comunidad de Chablekal contaba con 5 mil hectáreas, ahora sólo le quedan mil, expuso.

Ha habido una mala administración de las tierras de la población. “Todo se ha vendido por fraudes, quienes se han beneficiado han sido sólo los ejidatarios, no el pueblo”, expresa.

Por otro lado, comenta que ante el desarrollo de estas nuevas inmobiliarias, los pobladores se han atrincherado, “es una especie de gueto”, compara. Pues les limitan el acceso a estas privadas, a la población, está prohibido el paso a menos de que vayamos a trabajar ahí; sin embargo los vecinos sí pueden entrar al pueblo con toda libertad. 

Además el mismo municipio de Mérida limita sus actividades ante las quejas de los residentes nuevos, quienes quieren modificar sus tradiciones: que sólo duren cierto tiempo, como sus corridas, fiestas patronales, el número de voladores que pueden reventar, entre otros aspectos.

No hay igualdad: “Sentimos que se le da prioridad a ellos, tú entras a uno de esos desarrollos y tienen todo, la mejor tecnología, el mejor Internet, todo lo que puedes encontrar en los lugares de primer mundo, y entras al pueblo y no hay nada”, señala.

Para el activista, no se trata de tener lo mismo, sino que respeten su esencia como pueblo, pero también que tengan la misma infraestructura y servicios básicos como escuelas, preparatorias, universidades, hospitales, y que no los releguen. Es contradictorio que aquí cerca estén universidades privadas, pero la población no tenga una.

“Claro que es un colonialismo, el mismo estado y municipio han legislado y nosotros que nos hemos dejado porque nos han quitado nuestra capacidad jurídica de ser pueblos, estamos siendo sometidos; nos han ido ahorcando”, concluyó.

 

 

Colonialismo urbano

Llanes Salazar ha expuesto en artículos y conferencias que el acelerado y descontrolado crecimiento de la ciudad de Mérida puede entenderse como una forma de colonialismo urbano.

“Se trata de un colonialismo urbano, no sólo porque Mérida está transformando a los pueblos que la rodean en colonias o fraccionamientos, sino porque sus características también se asemejan al colonialismo, como ha sido definido por algunos reconocidos estudiosos”, ha señalado.

Eso, según expone, va en detrimento de sus habitantes, sus áreas naturales e incluso sus tradiciones, usos y costumbres, y todo esto en complicidad con las autoridades municipales. Los atropellos que sufren los vecinos de esos pueblos cercanos a la capital yucateca los justifican con argumentos como el de generar un desarrollo y progreso económico que sólo beneficia a unos cuantos, por encima de cualquier cosa.

 

Nuevos residentes, invasores y saqueadores

María Elena Torres Pérez, investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), quien ha documentado esta situación en varias comisarías, señala que muchos de estos desarrollos son prácticamente ciudades (como indica en una nota aparte realizada en La Jornada Maya). No obstante, al no contar con el equipamiento necesario, tienden a “invadir” a los poblados para abastecerse en sus mercados o acudir a sus templos, escuelas, lo que genera un sentimiento de invasión en los pobladores originales.

En un artículo publicado en la Revista INVI , de la Universidad de Chile, la doctora en arquitectura señala que en un primer tiempo los nuevos residentes están dispuestos a vivir “en medio de la nada”, con infraestructura y sin equipamiento, en cuya estrategia de sobrevivencia y conocimiento del entorno establecen una relación de dependencia con localidades cercanas.

Para la especialista, no está mal que los nuevos desarrollos empiecen donde existe una baja densidad, como son algunas comisarías, y que a partir de aquí puedan tener opciones del suministro de la energía eléctrica, agua potable, drenaje; sin embargo lo que no es correcto que lleguen a superar la cantidad de vivienda que tiene un poblado.

De acuerdo con Torres Pérez, ante la falta de equipamiento e infraestructura tiene que hacer uso de lo que existe en las comisarías, los mercados del pueblo que tiene una dinámica cultural se ven, de la noche a la mañana, invadidos.

Por ejemplo, en 2014, en un estudio que realizó, documentó que la mayoría de la gente de Ciudad Caucel se tenía que abastecer en el poblado de Caucel. “Ellos los veían como unos saqueadores, porque cuando iban a comprar ya no había nada en el mercado; se podría pensar que económicamente es bueno, porque tiene la oportunidad de vender más, pero en realidad trastoca todo un entorno cultural”, explica.

Además, también ocupaban espacios en las escuelas e iglesias de la comisaría. Llegó un punto en donde se observa que en los templos se dividían; de un lado estaban los de Caucel y del otro los de Ciudad Caucel. Pero esto se fue disminuyendo hasta que el desarrollo empezó a contar son su propio equipamiento.

En lo cultural, de acuerdo a su investigación, pudieron notar que los colonos de los nuevos fraccionamientos mencionaron que gente con machetes, “vándalos ”, pasaban por las calles, cuando en realidad eran campesinos acostumbrados a ir a cortar su leña en la periferia, y usan machetes, acompañados de sus perros. “El invasor se siente invadido, y el poblador de Caucel ya no puede hacer sus costumbres porque todo lo que antes era su tierra ahora es propiedad privada”, subraya.

 

 

Rururbanización

No sólo se trata de un problema de desigualdad, señala, sino de exclusión, porque el que llega se siente con todos los derechos y no construye su vecindad, su integración e imponer sus costumbres ante el poblador local.

Aunado a esto, la misma gente ya vende sus tierras, sus casas, porque se las compran a un buen precio, y si esto sigue así es posible que desaparezcan las comisarías como son conocidas, o los conflictos serán más fuertes. Todo esto se conoce como un fenómeno de rururbanización, cuando el ambiente rural se está urbanizando a la fuerza o a velocidades no previstas.

El desarrollo ha generado que en las inmediaciones de Chablekal, por ejemplo, existan enfrentamientos entre abuelos y nietos y entre padres e hijos, quienes se disputan las tierras para definir el futuro de sus terrenos: si venden a los desarrolladores inmobiliarios o habilitan una reserva ecológica, de lo cual podrá leer en la segunda entrega de este especial: Desarrollo inmobiliario genera conflicto entre los pobladores de Chablekal

 

Edición: Laura Espejo