Península de Yucatán, víctima de mercados de explotación sexual en línea

La activista Olimpia Coral Melo Cruz cifra que al menos hay 900 mercados de explotación sexual en línea en la península yucateca, situación que, desde su opinión, no puede cambiarse únicamente con una reforma, sino con cambios desde la raíz en la idiosincrasia.

La impulsora de la Ley que lleva su nombre y protege a las mujeres de la violencia digital, este 11 de octubre estuvo en la ciudad de Mérida, en el Congreso del Estado de Yucatán, con una rueda de prensa levantó la voz para pedir un alto a la explotación sexual en línea y educación digital para evitar ese tipo de violencia, pero también apertura a activistas para incidir en la agenda legislativa, para lo cual tuvieron una reunión entre diputación y activistas (ella presente).

Señala que los cuerpos de las mujeres siguen consumiéndose como si fueran objetos sexuales y es necesario transformar la visión hacia lo que realmente son: sujetas de derechos. “Hacen falta no solamente cambios legislativos, sino cambios de conciencia, dejar de normalizar la objetivización de nosotras”.

Y, enfatizó, esto no debe realizarse desde una perspectiva conservadora y antiderechos pidiendo que “se den a respetar”, sino desde la no normalización de la cosificación de los cuerpos de las mujeres.

Esto debe realizarse en acompañamiento con campañas de prevención y protocolos dentro de las instituciones para la investigación de los casos, así como la firma del tratado de Budapest para la investigación en materia de cibrecrimen entre estados y naciones.

Detalló que uno de los mercados más grandes de explotación sexual está en la Península de Yucatán y debería ser investigado desde dicho convenio; “espero que con la oportunidad que tengo de ser escuchada en todo el mundo se vaya rumbo a esa investigación”; la activista decidió no nombrar el sitio web “para no revictimización de las mujeres, pero es algo muy conocido y muy lamentable”.

En este tipo de mercados, explica, hay contenido que es producido y difundido sin consentimiento, pues incluso en la calle toman fotografías de mujeres y las cosifican por medio de redes sociales como Facebook en su sección Marketplace o en páginas web que “para la gente en la cotidianidad le han nombrado páginas porno, pero son mercados de explotación sexual en línea, donde 90 por ciento de los contenidos de esos mercados son sin el consentimiento de las mujeres”.

Para finalizar con esta problemática, apunta que es necesario romper con el sistema e incluso cambiar el algoritmo de las redes sociodigitales para que estos contenidos estén prohibidos. “Ya se reconoce la violencia digital, pero todavía existen 180 carpetas en la Fiscalía del Estado de Yucatán que no han tenido acceso a la justicia, documentadas por mis compañeras del Frente Nacional para la Sororidad de Yucatán”.

Agregó que en el estado de Yucatán existen 102 casos de violencia sexual en internet, principalmente por la violación a la intimidad a sexual, 97 de los cuales son perpetuados por su ex pareja o una persona conocida, “y por desgracia uno de ellos es un servidor público del estado de Yucatán”.

Y, aunque reconoce que Yucatán fue uno de los primeros estados en aprobar la Ley Olimpia, apunta que no ha tenido un seguimiento, ni perspectiva de género para brindar educación digital y falta ciberseguridad para las mujeres.

“También nos violan, aunque no nos toquen, aunque piensen que con un click no nos hacen daño”, por lo cual pidió que también escuchen las voces de las activistas del Estado para generar la agenda legislativa de los periodos ordinarios, donde precisa que será necesario hablar de la educación digital, el seguimiento a los protocolos de investigación de violencia sexual en internet y sean discutidas la Ley Ingrid y la Ley Sabina.

Con ello señaló como una parte de la educación sexual la no revictimización de quienes sufren por violencia digital, “todas y todos cogemos […] La diferencia es que a nosotras nos ven coger sin nuestro consentimiento y eso no te hace ninguna delincuente ni ninguna criminal”, dijo recordando las palabras de su madre cuando ella misma fue la víctima de esa violencia.

Al Congreso, las instituciones, las diputadas y diputados les pidió que sean ejemplo de la no revictimización y no juzguen a las mujeres. Opinó que es necesario “un estado no solamente seguro para habitar, sino digno para vivir para las mujeres”.

Y, en especial, invertir en prevención con talleres porque “la Ley Olimpia no es solamente un conjunto de reformas, es una causa” y prescinde la necesidad de llevar a las periferias, a las mujeres mayas, afrodescendientes e indígenas, el acceso a las tecnologías como parte de sus derechos fundamentales y la educación digital para empoderarlas.

“La única ideología que debe prevalecer es el derecho autónomo, libre, independiente que las mujeres tenemos para vivir, para decidir sobre nuestros cuerpos, para decidir sobre nuestras conciencias”.

Edición: Laura Espejo