Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, informó que la agrupación lanzó una “acción urgente” internacional por el caso de José Eduardo Ravelo, para que agrupaciones y activistas alrededor del mundo se sumen a la exigencia de justicia.
La activista, quien participó en una rueda de prensa este 8 de diciembre por el Cierre de actividades del Programa Misión Resistencia 2021, que promueve la Jornada de Derechos Humanos, también resaltó que piden a las autoridades que apliquen el Protocolo de Estambul para determinar si hubo tortura o no contra este joven.
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De acuerdo con Olivares Ferreto, Amnistía Internacional ha documentado por lo menos dos casos de tortura y violaciones a los derechos humanos en los últimos años en Yucatán, uno se trató de José Adrián, un niño de origen maya que en 2016 fue detenido de manera ilegal por la policía de una comunidad, que quedó plasmado en el informe Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México.
El caso continúa impune, indicó, no hubo una investigación ni sanción de los elementos policiales que presuntamente torturaron al entonces menor, pero sí se realizó una reparación del daño que fue firmada en 2020.
El otro, señaló, es el de José Eduardo, por los que ayer emitieron esta “acción urgente” para todo su movimiento a nivel global, y pedirle a la Fiscalía General de la República (FGR), así como a las autoridades estatales y municipales, que investigue “adecuadamente la muerte y posible tortura”.
“Focos rojos” en Yucatán
Edith Olivares expuso la preocupación del organismo internacional porque entre cada caso hay un margen de poco tiempo, y que ambos tengan las mismas características: abuso policial. “Lo cual nos preocupa como organización porque ponen un forc rojo sobre cómo se está dando la actuación policial en el estado”, advirtió.
Además, indicó que existe un patrón, las personas que son detenidas arbitrariamente son víctimas de la “brutalidad policial del estado”. Si bien, indicó que Yucatán “se promueve como muy seguro” para todos, "pero vemos con preocupación que las personas que son víctimas de la autoridad policial son racializadas", de las periferias, de municipios aledaños, personas indígenas y pobres, añadió.
“Vemos una alarma y síntomas de diseminación por parte de las autoridades”, subrayó.
Protocolo de Estambul
Olivares Ferreto indicó que es necesario aplicar el Protocolo de Estambul, incluso la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha reconocido que sí hay condiciones para esto, que permitiría identificar si hubo tortura en el caso de José Eduardo.
Subrayó que es fundamental saber concretamente si hubo prácticas de tortura, porque considera que está en debate si la muerte fue consecuencia de la brutalidad, violencia y tortura de la policía o, como dictaminaron las autoridades, fue consecuencia de otras situaciones.
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A su vez, hizo hincapié en que varias agrupaciones locales han señalado que existe una gran cantidad de denuncias de tortura que permanecen sin ser investigadas en el estado.
Hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para que garanticen que estos actos no se sigan perpetuando, que deben investigar adecuadamente y sancionar a quienes resulten responsables de los actos de abusos.
Añadió que se debe revisar el trato que se le dio a la familia de José Eduardo, porque en “la forma en la que se le trató (a su madre) podría constituir también actos de violencia institucional”, manifestó.
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