Hoy, la fracción legislativa del Partido Acción Nacional (PAN), en voz de la diputada Karem Achach Ramírez, reconociendo que la violencia contra las mujeres continúa como una problemática social grave que ocurre incluso dentro de las escuelas, propuso reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que las instituciones educativas cuenten con protocolos para prevenirla, atenderla y erradicarla.
Achach Ramírez, apuntó que “actualmente son pocas las instituciones educativas que han adoptado medidas de prevención, atención, visibilización y sanción para erradicar la violencia contra la mujer”.
Por lo cual, es necesario el fortalecimiento del marcoc jurídico que promueva la construcción de políticas públicas con perspectiva de género en favor de las mujeres yucatecas, en esta ocasión, la reforma propuesta promueve que los planteles educativos públicos y privados, desde nivel básico hasta medio superior y superior, “tengan la obligación de elaborar e implementar protocolos especializados que permitan la prevención, atención y erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, incluyendo las conductas que atenten contra la imagen personal”.
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Expuso que crear mecanismos que contribuyan a la erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito educativo es avanzar en la protección y bienestar de los derechos de las mujeres en Yucatán e, indirectamente, de sus familias, pues apuntó que la violación de derechos humanos hacia ellas afecta también a sus familias y personas cercanas.
“Es un severo problema social que no solo se presenta en el ámbito familiar o laboral, sino también dentro de las escuelas. Hostigamiento, acoso, abuso sexual y discriminación son solo algunas formas de violencia que sufren las mujeres dentro de las instituciones educativas”.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que en Yucatán siete de cada 10 mujeres han sido víctima de violencia. “Y, es preocupante decir, que cuatro de estas siete mujeres han sido agredidas por un compañero de salón o maestro, dentro o fuera de su institución educativa”.
A pesar de las cifras, dijo, las mujeres no denuncian por miedo a represalias o a poner en duda su palabra, además de la falta de atención adecuada y con perspectiva de género; es entonces que “surge la necesidad de implementar mecanismos de atención para los delitos cometidos contra mujeres y que son de suma importancia para crear espacios más seguros para que las alumnas, docentes, investigadoras y trabajadoras puedan desarrollarse libremente”.
Edición: Laura Espejo
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