A un año de la muerte de María May, familiares, amistades y activistas exigen justicia. Este sábado, 16 de abril se manifestaron en las puertas de Palacio de Gobierno para recordar su nombre y recalcar el llamado de justicia a las autoridades estatales.
Contrario a los versiones oficiales, sus familiares señalan que no se trató de un suicidio y que el responsable de su muerte fue su ex pareja quien actualmente desconocen su paradero.
El pasado mes de abril del 2021, en un parque del fraccionamiento La Joya Paseos de Opichén, fue hallado el cuerpo de María en avanzado estado de descomposición.
Meses después, en mayo de 2021, luego de la realización de 12 pruebas científicas a cargo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), se determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, sin que los resultados logren establecer como fue provocada, por lo que la investigación en torno al caso continuará hasta agotar cualquier indicio, se informó.
Este sábado, se volvieron a manifestar amistades y activistas porque el caso sigue sin aclararse, según expusieron.
En el piso del palacio, los manifestantes escribieron con color rojo "16 de abril no se olvida. Maria May" y colocaron un altar con flores, veladoras y la imagen de la joven. Familiares usaban playeras con la imagen de María, y en la parte de atrás se podía leer: "María no estás sola. Ni una más. Justicia para María".
Al finalizar las participantes prendieron una bengala de humo morado que decoró el firmamento.
Las presentes señalaron que durante la protesta fueron acosadas por elementos de la policía estatal y Municipal, quienes no dejaron de tomarles fotos y videos a las manifestantes.
Edición: Laura Espejo
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada