Activistas y ciudadanía en general hizo ver la urgencia de crear un observatorio que garantice la igualdad de condiciones entre hombres, mujeres y la comunidad LGBTTTI.
Asimismo, que verifique las violaciones a los derechos humanos y acciones discriminatorias en contra de los grupos en situación de vulnerabilidad; así como la aplicación correcta de políticas públicas para el bienestar de la población.
Sumado a la capacitación y sensibilización para quienes trabajan en la procuración de justicia a fin de atender las conductas antijurídicas en materia de violencia de género, y de esta manera evitar la revictimización.
Se expuso lo anterior durante la quinta mesa ciudadana, convocada por el Secretariado Técnico Estatal (STE), del primer ejercicio de Gobierno Abierto en Yucatán, promovido por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip Yucatán), que llevó por nombre Igualdad de género, oportunidades y no discriminación.
Participaron Georgina Canté y Raquel Aguilera Troncoso, de Jade, Propuestas Sociales y Alternativas al Desarrollo A.C.; Roberto Cámara Ruiz del Colectivo Ciudad Libre; César Briceño Castro del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán; Milagros del Pilar Herrero Buchanan de Mujeres de Yucatán por la Democracia, Lydia Laucirica Guanche de Liderazgo Internacional Interdisciplinario A.C.; Francisco Javier Ortiz Chávez, Leticia Zurita Reyes y Miguel Ángel Gabriel Mouriño Ladrón de Guevara.
En el desarrollo, las y los participantes expusieron problemáticas relacionadas con la falta de igualdad laboral entre hombres y mujeres, así como de accesibilidad para personas con discapacidad, violencia institucional y discriminación a la comunidad LGBTTTI.
Las y los asistentes hicieron hincapié en la importancia de la creación de un observatorio encargado de vigilar la aplicación de políticas y programas públicos que fomenten y propicien la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.
También señalaron la urgencia de capacitación y sensibilización para quienes trabajan en la procuración de justicia a fin de atender las conductas antijurídicas en materia de violencia de género, y de esta manera evitar la revictimización.
También se propuso la creación de estrategias que garanticen mejorar las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras del hogar, así como la formación de personas al servicio público en materia de transversalización de la igualdad de género y no discriminación a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, sugirieron el establecimiento de criterios de elegibilidad a cargos públicos para evitar la contratación de personas que hayan sido sentenciadas por delitos de violencia de género o deudores alimentarios.
Edición: Laura Espejo
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