Presentan protocolo de prevención y atención a la violencia de género en la UADY

Buscan que con la inactiva se creen sanciones, la reparación del daño y medidas de protección
Foto: Cecilia Abreu

Tras poco más de un año trabajando de forma conjunta entre UADY Sin Acoso, la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE) y el Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi), así como presidencias y consejerías estudiantiles y alumnado, el 31 de mayo presentaron ante el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) la propuesta que elaboraron de Protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia basada en el género y discriminación.

Y en rueda de prensa, presentaron el protocolo; Ana Ramírez, representando a UADY Sin Acoso, informó que desde la creación de la colectiva en 2019 han encontrado la urgencia de un protocolo funcional para las denuncias y, aunque ya existía una propuesta del Programa de Género de la universidad, comenzó a ser utilizado hasta que hubo un caso de violencia que resonó en la institución, en ese mismo año.

Aún con el protocolo en funcionamiento, la impunidad y la baja definitiva de la escuela por parte de las víctimas continuó; fue así como decidieron poner en marcha el trabajo para crear uno que cubriera las necesidades de las alumnas, por lo cual, acudieron por apoyo con UNASSE y Cejudi.

La creación del protocolo que le proponen a la universidad, informó María Paula Balam Aguilar, de Cejudi, implicó diversas reuniones que les llevaron a identificar las áreas de oportunidad, con el diálogo entre las presidencias y consejerías, así como escuchando al estudiantado.

Con solicitudes de información, encontraron que, mientras UADY Sin Acoso recibía alrededor de 500 quejas anuales por violencia sexual, acoso u hostigamiento, la casa de estudios únicamente recibió 23 en 2019, 15 en 2020 y dos en 2021, por lo que notaron la disminución de la confianza en el protocolo y la institución, pero no en los hechos de violencia; “las estudiantes tienen miedo de usar el protocolo por experiencias de otras compañeras”.

Tomando en cuenta esto, proponen que, en primer lugar, realizaron un documento claro, breve y conciso con anotaciones al pie de página para quien quiera consultar más a profundidad la información de donde se basaron; además, evitan que la víctima necesite contar una y otra vez lo ocurrido.

Con su iniciativa, no solamente deberá haber sanciones, sino también la reparación del daño y medidas de protección para las víctimas de violencia y/o discriminación; incluyeron también la violencia digital, pues el protocolo anterior no lo excluía, pero no lo contenía de forma explícita y eso obstaculizaba las denuncias.

Explicó también que ahora sí está incluida de forma expresa la comunidad LGBTTTI, “identificamos al hablar con las personas de la universidad, que muchas personas de la comunidad LGBT+ no sentían que el protocolo les aplicara”.

Amelia Ojeda Sosa, representante de UNASSE, expuso que el protocolo aún vigente de la UADY presenta diversas problemáticas que frenan el acceso a las víctimas, en primer lugar, señaló que su extensión es excesiva, cargado con muchísima teoría que, además, dijo que es obsoleta y no contiene los principios de derechos humanos.

Otro de los aspectos que visibilizó como urgentes a cambiar es la confidencialidad, pues es manejada como el silencio que piden hacer la víctima ante los hechos que la violentaron y no ante la protección de su persona; por si fuera poco, notificaban al agresor, señalando quién emitió la queja, para que acuda una reunión. 

“Esto ponía en riesgo a la estudiante que estuviera presentando la queja porque entre el momento en que se recibe la notificación y el momento en que se lleva a cabo la reunión hay un lapso en el cual ella puede sufrir todo tipo de agresiones mayores de intimidación para que quite la queja”.

Lamentó que, además, en el caso de las jóvenes menores de edad, aunque ellas quisieran continuar con el protocolo, si quienes tienen su patria potestad decían que no, entonces el proceso se daba por concluido. “En lugar de que, desde la universidad, de oficio prácticamente se iniciase”.

Si había muchos casos que acusaran a la misma persona, tendría que investigarse, sin embargo, esto tampoco ocurría, señaló. 

“Era totalmente obsoleto, no era práctico y, precisamente por eso, no sabemos que se haya resuelto satisfactoriamente algún caso”.


 Edición: Estefanía Cardeña


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