Trabajadores luchan para que la recién aprobada ley del Isstey sea abrogada

El pasado 21 de julio, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó por mayoría la nueva legislación para el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), ante lo cual, la Coalición de Trabajadores del Estado de Yucatán (Cotrey) externa sus inconformidades recolectando firmas para solicitar que ésta sea abrogada, alegando su inconstitucionalidad.

Al señalar que “han sido meses de lucha”, Luisa Inés Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista e integrante de Cotrey, aseguró que avanzarán de forma legal con amparos, “porque es inconstitucional esta Ley y también vamos a pedir la intervención de la CNDH para que pueda llegar a la Suprema Corte ya que es inconstitucional a todas luces”. 

Su objetivo, dijo, es que anulen esta nueva Ley y regresen a la anterior. A pesar de que el Congreso alega haber tenido parlamentos abiertos, en los que incluso la licenciada participó, lamentó que “no tomaron en cuenta absolutamente nada”. 

Para lograrlo, están recaudando firmas: esperan alcanzar por lo menos 32 mil, pero la Cotrey tiene como meta 35 mil, para interpelar la legislación que -aseguran- condena a las y los trabajadores.

Roger Lorenzo Brito González, integrante de la Cotrey, explicó que, antes de que la ley fuera aprobada, enviaron un referéndum ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) y éste solicitó al Congreso un informe, pero la respuesta fue que no había una iniciativa aún, por lo que el Iepac desechó la solicitud. 

Sin embargo, al día siguiente la ley fue sometida a votación y aprobada en el pleno. Ante esta situación, la coalición se asesoró con un abogado y solicitó un nuevo referendum. Lamentan que la aprobación y publicación del texto haya sido apresurada

“El ejecutivo debía revisar esta ley antes de avanzar, pues debe cubrir con ciertos recursos por cada trabajador y este paso no fue llevado a cabo”, dijo. 

No es una quiebra, es un quebranto

“Esa quiebra del Isstey sabemos que no es una quiebra financiera, sino que es un quebranto administrativo”.

Las malas administraciones crearon este problema, señaló, y considera que aunque dieran la mitad de su sueldo, si continúan las fugas de recursos, la situación no mejorará; “primero debieron buscar la causa principal del quebranto del Isstey y detectar que el problema es administrativo y a quién le corresponde saldar la deuda que tiene”.

Ante esta problemática, piden la restructuración de las unidades administrativas del Isstey, pues estiman que es así como realmente podrían solucionar la problemática, sin que ello afecte a las y los trabajadores. A los burócratas -explica- les descuentan de su nómina cada mes las aportaciones correspondientes, pero desconocen qué es lo que está pasando con ese recurso, pues incluso si continúan pagando y ese dinero sigue sin llegar al instituto, la problemática continuará.

¿Cómo les afecta la nueva Ley del Isstey?

Luisa Martín Puc recordó que con la ley anterior aportaban 8 por ciento de su sueldo, mientras que con la aprobada en julio pasado -a partir de 2023- les incrementarán un uno por ciento más cada año hasta llegar a 15 por ciento en 2029. “Se podría equiparar a un ISR”, dijo. En contraste, sus aumentos de sueldos no son equiparables a la inflación, lamentó.

También los años de servicio les afectarán, apuntó, pues deberán cubrir 30 años de servicio y 65 años de edad, con lo cual en algunos casos tendrán que jubilarse incluso después de los 65 años para poder alcanzar los años de servicio que indica la ley.

En cuanto a la jubilación, expuso que su nómina -conforme la nueva ley- será por medio del “salario regulador” que es 85 por ciento del promedio del salario que recibieran en los últimos 20 años, “nunca va a ser el 100 por ciento eso, pero es engañosa la ley porque dice que es 100 por ciento, pero del salario regulador”.

El maestro Roger Brito, por su parte, ejemplificó con números redondos que, si hace 20 años ganaban un peso y ahora 100, el salario regulador será de menos de 50 pesos, pues será el 85 por ciento del promedio entre sus sueldos.

Visibilizaron también que la reforma debería llevar candados para el desvío de los recursos que aportan como trabajadoras y trabajadores para que puedan avanzar sin afectarles.

Edición: Mirna Abreu