En 2020, Yucatán registró mil 213 personas indígenas privadas de la libertad, reveló Tomas López Sarabia, presidente del consejo directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).
De esta cifra, 392 (que representa el 28.8 por ciento del total, el porcentaje más alto en el país) son personas que hablan una lengua indígena.
Mientras que 821, el 60.3 por ciento, son personas que se autoadscriben como indígenas.
El abogado, quien impartió una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) el 23 de agosto, indicó que a nivel nacional existen más de 7 mil personas indígenas privadas de su libertad; sólo Yucatán y Oaxaca suman más de 2 mil
La mayoría de las personas privadas de su libertad a nivel nacional pertenecen a la comunidad maya, mixe, huichol, ch’ol, tsotsil y tseltal.
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De acuerdo con el Cepiadet, los principales delitos federales imputados a personas indígenas en 2019 fueron: contra la salud, 22 casos de mujeres, y 18 por peculado, es decir malversación de los fondos públicos.
En cuanto a los hombres: la mayoría fue por portación de arma de fuego sin licencia, 141 casos; portación de arma de fuego de uso exclusivo, 120, y violación a la ley de migración, 106.
En Yucatán, la población que habla una lengua indígena es 525 mil 092 personas (23.7 por ciento del total de población del estado) ocupando el tercer lugar del país con más hablantes de lengua indígena.
También, se registran 46 lenguas indígenas, de las cuales ocho tienen más de 100 hablantes: maya, ch’ol, tseltal, tsotsil, náhuatl, zapoteco, mixe y zoque.
Para López Sarabia, estos datos reflejan la barrera de desigualdad y racismo que impera en el sistema de justicia hacia las comunidades indígenas, pues la mayoría de las personas no tienen las condiciones para enfrentar estos procesos legales; además, que no cuentan con el recurso suficiente para acudir a la capital a interponer sus denuncias.
Sumado a que no hay suficientes intérpretes ni defensores públicos que puedan apoyar a este sector de la población para acceder a un juicio justo, dijo.
En el caso de Yucatán, existe un rezago en intérpretes, peritos y defensores públicos que hablen lengua maya, de los 70 defensores que hay en todo el estado, sólo 10 hablan maya, cuando la población indígena es de más del 60 por ciento.
Además, indicó, muchas personas son imputadas por delitos que no son considerados como tal dentro de sus usos y costumbres, es decir, no se respeta la autonomía de las mismas comunidades. “Si a la ciudadanía en general nos cuesta ejercer nuestros derechos, imaginemos a la población indígena que está en una condición de desigualdad mucho más fuerte”, sentenció.
Esto igual ha ocasionado que muchas personas dejen de hablar su lengua original por la discriminación y racismos que prevalece, agregó. “Un racismo cotidiano que está instalado en las distintas instituciones”, señaló.
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