Este 19 de octubre, Ligia Canto Lugo, madre de Emma Gabriela Molina Canto, estuvo presente en el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Yucatán para exigir que el sentenciado por el feminicidio de su hija, Martín Alberto Medina Sonda, cumpla con la pensión que lleva en adeudo por 10 años.
La abuela de una adolescente y dos infantes, resaltó que la petición durante la audiencia, no solamente se trata del monto adeudado, sino también para que consideren lo que dice la Ley, es decir, el incremento de la misma conforme al salario mínimo año con año.
“El Código de Familia marca que debe incrementar de acuerdo al salario mínimo, cada año, entonces ella (la jueza) no le calculó esos incrementos y, al mismo tiempo, consideran, y lo dijo el mismo vicefiscal en ese momento, que la que es la reparación del daño no era la adecuada de acuerdo al contexto de la situación”.
Durante la audiencia, en la lectura de las actas correspondientes, indicaron que el monto considerado para la y los niños es de poco más de 5 millones de pesos, por lo que la abuela estima que al considerar el aumento del salario mínimo, llegaría a alrededor de 8 millones de pesos.
Pero lamenta que ninguna cantidad de dinero será suficiente para reparar el daño que han vivido su nieta y nietos, pues es irreparable y, más bien, el dinero es “una compensación burda”, pues incluso estar a cargo de dos personas mayores como consecuencia de todas las violencias, es irremediable; como explicó durante la audiencia.
En entrevista, recordó que desde enero de 2013 inició el proceso por el incumplimiento de pensión alimenticia por parte de Medina Sonda, padre de la y los menores, quien está sentenciado por el delito de feminicidio.
Poder avanzar en el caso, subrayó, requirió de un amparo que, a ocho años desde que denunciaron el incumplimiento, ocasionó que la jueza Rubí Alpuche dictara sentencia y ahora está en apelación, por lo cual nuevamente interpusieron un amparo en un intento más por resultados en favor de las infancias.
La sentencia, luego de la audiencia de hoy, espera que sea dictaminada entre cinco y 10 días más; pero su exigencia es que cumpla con la adolescente y los niños, pues llevan 10 años sin recibir lo que les corresponde.
Enfatizó como inaceptable que el Poder Judicial a ella, mujer de la tercera edad a cargo de las infancias que no están recibiendo el recurso económico para su sustento, le cobran las copias propias de los procesos legales, mientras que al sentenciado, se las otorgan de forma gratuita, alegando que al estar preso no puede pagarlas.
Edición: Laura Espejo
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