Víctor Manuel Medina Dzib tiene discapacidad motriz. Usa silla de ruedas y es integrante de la Asociación Yucateca de Deportes Sobre Silla de Ruedas, una de los retos que enfrenta es en la movilidad del transporte público. Según narra, las unidades no cuentan rampas y demás accesorios y los conductores, al verlo en su silla, no les dan parada.
“Yo veo como meterme al camión o la combi, pero no nos dan parada, y ya no nos dan descuentos”, indicó.
La accesibilidad y educación son las llaves que pueden abrir las puertas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad en Yucatán, sin embargo todavía es un tema pendiente, reconocieron activistas y personas con alguna discapacidad.
Aunado a la falta de inclusión de diferentes ámbitos de la sociedad, aunque en el estado se ha avanzado en varios puntos, aún persisten rezagos en la accesibilidad en las escuelas, falta de infraestructura adecuada, personal capacitado, monitores, así como en la movilidad del transporte, necesarios para garantizar el derecho humano a una vida y educación digna, señalaron.
Debe haber accesibilidad en todos los espacios: desde las escuelas, empresas, espacios públicos, transporte público, señalaron especialistas en derechos humanos.
Verónica Rosas Ortega, integrante del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Estatal de Monitoreo Independiente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), indicó que la accesibilidad sigue siendo un reto para las personas con discapacidad en el estado y la ciudad.
“Seguimos insistiendo con ella (la accesibilidad) porque es la llave para que puedan acceder a otros derechos, si una persona no tiene acceso en movilidad, una persona sorda no tiene acceso a un interpreté de señas, o las escuelas no cuentan con especialistas en inclusión educativa”, indicó.
Además, la integrante de la agrupación Paso a Pasito, que busca el bienestar de las personas con discapacidad en el ámbito de la salud, educación y vida familiar, dijo que si desde una edad temprana reciben una educación de calidad van a poder acceder a una verdadera inclusión laboral; pero si no hay accesibilidad, si no cuentan con lo necesario para poder llegar a la escuela, un transporte, o si el espacio educativo carece de rampas e infraestructura necesaria, no podrán desarrollar sus capacidades, subrayó.
“Cuando lleguen a una edad adulta no estarán preparados para acceder a los empleos”, recalcó.
La activista indicó que el Estado y las autoridades deben garantizar el derecho a la educación de este sector de la población, que sea inclusiva y con perspectiva en derechos humanos.
Discriminación persiste
Otro problema que persiste en el estado es la discriminación en contra de las personas con discapacidad. En mayo pasado, Pedro Escalante, de 19 años, fue discriminado en el antro Classico Península, ubicado en la Plaza Magnus, al norte de la ciudad de Mérida. Le negaron el acceso.
“Que triste que en esta sociedad todavía se discrimine a la gente con alguna discapacidad, vivimos en el tiempo donde la inclusión social no debería ser impedimento para nadie”, señaló el joven en un vídeo que compartió en sus redes sociales.
Éste es sólo un caso de los muchos que se han evidenciado de establecimientos y espacios que han negado el acceso esta población, en algunas ocasiones justificando de no tener las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas, sin embargo, esto se trata de un acto de discriminación, indica Jesús Campos Hernández, consejero consultivo de la Codhey.
Campos Hernández, quien tiene discapacidad motriz, comentó que todavía hay escuelas tanto públicas como privadas que discrimina a las infancias, algunas argumentan que sí quieren permitir el acceso a los niños y niñas, pero dicen no tener los recursos para hacer las adecuaciones necesarias o para contratar al personal capacitado.
Se trata, explicó, de una discriminación “indirecta”; la cual ha sido la más difícil de erradicar y sigue afectando a la población. Sólo en los últimos dos meses, dijo que el organismo estatal ha documentado dos casos de discriminación en contra de alguna personas con discapacidad.
“No debe haber justificación para negarle el acceso a una persona, no debe ser un tema de falta de recursos, de conocimientos, ni ajustes razonables, nada justifica la discriminación, tal como lo determina la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, manifestó.
El especialista invitó a las empresas, dueños de negocios y escuelas a capacitarse en temas de derechos humanos e inclusión para erradicar la discriminación y garantizar una verdadera inclusión.
Licencia para conducir
Juan Carlos Santana Estrada, director de la Fundación Elda Peniche Larrea, la cual trabaja con personas con discapacidad auditiva, indicó que desde el 2017, gracias a las acciones del Comité, se trabajó con diversas dependencias estatales y municipales para hacer ajustes a las leyes y reglamentos, pero quedan bastantes retos.
Uno, precisó, que las personas con discapacidad, sobre todo la auditiva, puedan obtener su licencia de manejo como cualquiera; es urgente modificar el artículo 394, del Reglamento de Tránsito del Estado para poder garantizar este derecho.
Refirió que la agrupación se acercará a las y los legisladores del Congreso estatal para poder plantear este tema.
De acuerdo con el activista, este punto prohíbe a las escuelas de manejo impartir clases a personas que “visiblemente” presenten una discapacidad, sin embargo, dijo que ya han tenido acercamientos con la autoridad de vialidad y tránsito y han creado un mecanismo para que se les pueda atender.
No obstante, todavía falta, detalló, la parte legislativa para poder plasmarlo concretamente en el reglamento.
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