Comerciantes, artesanos, pobladores mayas y guías de turistas insisten en su postura: no levantarán los bloqueos a la zona arqueológica de Chichén Itzá hasta que las autoridades federales destituyan de su cargo al director Marco Antonio Santos Ramírez.
Este jueves 5 de enero, en comunidad de Pisté, Tinúm, las y los manifestantes realizaron una rueda de prensa donde presentaron supuestas evidencias sobre los “actos de corrupción” cometidos por Santos Ramírez, a quien acusan de hostigar y ejercer violencia llamando a la Guardia Nacional para ejercer presión.
Mostraron imágenes y vídeos donde se observan a visitantes que suben a edificios y zonas restringidas del sitio aerológico; además, señalaron que el director de la zona exige el cobro a algunos artesanos y guías para poder ingresar y trabajar dentro del lugar.
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También expusieron que las autoridades de Chichén Itzá permiten realizar ceremonias en lugares no permitidos, igual mencionaron que se les pidió “revender” boletos a los visitantes para que puedan ingresar por otras vías no oficiales.
Arturo Ciau Puc, uno de los líderes de los manifestantes, indicó que los artesanos, pobladores y guías que exigen sus derechos son amenazados, incluso en ocasiones llevan a elementos de la Guardia Nacional para intimidarlos.
El líder indica que piden poder trabajar de manera digna en los espacios que están asignados, al exterior de la zona y la renuncia de Marco Antonio; y pide escuchar el sentir de las y los artesanos.
“La única forma de levantar los bloqueos es que destituyan a Marco Antonio para poder sentarnos a dialogar, ellos quieren que nos sentemos a hablar, pero no lo quieren quitar”, manifestó.
Este jueves, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que luego de cuatro días de manifestaciones, la Zona Arqueológica de Chichén Itzá ya no recibe a ningún visitante y los prestadores de servicios turísticos y turistas deciden ya no acceder a Chichén Itzá y enviar a los visitantes a Ek balam.
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El miércoles 4 de enero, el INAH detalló que el sitio patrimonio de la humanidad continuaría siendo resguardado por miembros de la Guardia Nacional para asegurar que no existan daños al patrimonio arqueológico nacional”, afirmaron.
Asimismo, dieron a conocer que la conducta de Marco Antonio Santos Ramírez, como servidor público “está apegada a la ley, y que su administración en todo momento ha velado por el patrimonio cultural y a favor de las comunidades aledañas a Chichén Itzá”.
No obstante, señalaron que presentarán la denuncia correspondiente en contra de “quienes resulten responsables por los delitos de amenazas e injurias en su contra, para el deslinde de responsabilidades”.
Edición: Laura Espejo
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La Jornada
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