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La Jornada Maya
25/01/2025 | Mérida, Yucatán
Hay acciones concretas para convertir un asunto entre particulares en un tema mediático, con el objetivo de presionar a las autoridades encargadas de impartir justicia. Ese tema es la posesión del Hotel Mayaland, en Chichén Itzá. Así lo considera el abogado Manuel Martín Bracamonte Casares, quien conoce a profundidad este asunto jurídico, así como el contexto de la campaña en medios de comunicación que una de las partes ha emprendido.
El origen de este caso se remonta al 7 de agosto de de 2020, cuando Fernando Barbachano Herrero firmó un contrato para vender el hotel Mayaland a la Inmobiliaria R4, cuyo representante legal es Rodolfo Rosas Moya. El contrato establecía un pago inicial, seguido de varios pagos adicionales. Después de realizar varios pagos, Inmobiliaria R4 dejó recibir la información bancaria necesaria de Barbachano, quien cortó toda comunicación. Barbachano declaró sin efectos el contrato, argumentando incumplimiento de R4. Además, sostuvo que para reparar el daño por el incumplimiento se quedaría con los pagos ya hechos, por concepto de pena convencional.
Para el abogado Bracamonte Casares ese es el meollo del asunto: “Una de las partes (Inmobiliaria R4) ha intentado una y otra vez que se cumpla con lo pactado en el contrato, mientras que la otra parte (Barbachano Herrero) se ha negado a recibir el pago, e intenta quedarse con el hotel y con el dinero que ya recibió”.
Bracamonte Casares ubica dos fechas clave en este asunto: “El 27 de octubre de 2020 Inmobiliaria R4 debía realizar un pago a Barbachano Herrero. Como se establecía en el contrato, el vendedor debía informar al comprador a qué cuenta depositar el monto. Barbachano Herrero no lo hizo —bastaba un oficio o un correo electrónico…—”.
Bracamonte Casares especifica que Barbachano Herrero “no participa en esta transacción como persona física, sino que igual lo hace como representante del Hotel Mayaland y de dos de sus hijos”. En esa ”pluralidad” —según el concepto legal usado por el abogado— radica el formalismo de informar por escrito dónde se depositaría el pago. ¿Y por qué no hacerlo en la cuenta del pago anterior?, se le pregunta. “Porque esa misma acción podría haber sido excusa para Barbachano para hacer lo que finalmente hizo”.
Como representante de R4, Rosas Moya acudió, acompañado por un notario, al domicilio de Barbachano Herrero, en Cancún. Ahí, personal de seguridad sostuvo que Barbachano había dado órdenes de no dejar pasar a nadie ni de recibir nada. Se levantó acta notarial que dio fe de esa situación. El pago que Barbachano no ha querido recibir está depositado en un juzgado.
Ese episodio —que según consta fue propiciado por Barbachano Herrero— fue la excusa para, primero, querer rescindir el contrato y quedarse con el dinero ya recibido, y, segundo, querer exigir el pago completo y quedarse con el hotel. “No hay buena fe”, señala el abogado. ¿Qué pasa cuando alguien no te paga? Antes de cobrar el pagaré, lo requieres. “Aquí nunca sucedió esto”.
Sin embargo, ya para ese fecha, Barbachano, por medio de su apoderado legal, entregó la posesión del Mayaland y de todos sus bienes a la Inmobiliaria R4. Esa posesión legal “ya fue reconocida por una Juez de Distrito en una sentencia de amparo en la que se confirmó la vinculación a proceso de Fernando Barbachano por el delito de despojo”.
La otra fecha clave es el 30 de octubre de 2020, cuando representantes de Barbachano Herrero ya incluso habían firmado un acta de entrega del Hotel Mayaland a Inmobiliaria R4. Ese día, Barbachano Herrero intentó desalojar el hotel, encabezando un grupo de personas armadas con piedras y palos. Eso, puntualiza el abogado, se llama “hacerse justicia por su propia mano”, prohibida en México, tal y como lo establece el artículo 17 de la Constitución.
Estos dos hechos son —entre otros— los que autoridades judiciales de Yucatán, Quintana Roo —en donde tiene domicilio legal Barbachano— y federales han estado analizando, en diversos expedientes en curso. Las partes han presentado varios recursos; la mayoría han sido reveses para Barbachano Herrero. Es entonces cuando, ante la inminente derrota judicial, Barbachano Herrero cambió de estrategia.
En la parte judicial, recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo en el que se investigan y juzgan genocidios, matanzas perpetradas por tiranías, desapariciones… no asuntos entre particulares. “¡También solicitó un plebiscito!”. El otro frente de la campaña extrajudicial emprendida por Barbachano Herrero es la mediática, “sembrando” preguntas en conferencias de autoridades y exponiendo versiones incompletas e incluso falsas en espacios informativos con los objetivos de crear la imagen de víctima y de presionar a los encargados de impartir justicia.
Una de las autoridades implicadas incluso ya anunció que está analizando tomar medidas legales ante las declaraciones que hizo uno de los abogados de Barbachano Herrero —Gerardo Ostos Rincón Gallardo— en un espacio radiofónico nacional. En ese mismo altavoz —Ciro Gómez Leyva por la mañana, 104.1 FM Radio Fórmula— Rincón Gallardo adujo un supuesto episodio de violencia, omitiendo el registrado el 30 de octubre de 2020, por el cual Barbachano Herrero incluso está vinculado a proceso por el delito de despojo.
El abogado Bracamonte concluye retomando la declaración que citó previamente, la que exhibe los verdaderos motivos de Barbachano Herrero, y “salió de su propia boca”. A fines de diciembre del año pasado, en conferencia de prensa, reconoció que se arrepintió de la venta del Mayaland, al ver que la pandemia del Covid-19 no iba a durar los siete años que pensó que duraría. A partir de ese cambio de opinión, comenzaron los problemas.
Edición: Emilio Gómez
