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Astrid Sánchez
29/06/2026 | Mérida, Yucatán
La eliminación del esquema de kilómetros mínimos garantizados representa un paso importante para corregir una de las principales fallas financieras del sistema de transporte Va y Ven; sin embargo, la medida por sí sola no resolverá el déficit que arrastra el servicio, advirtió el especialista en movilidad Eduardo Toraya.
En entrevista, el integrante del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida explicó que el pago por kilómetro recorrido es un modelo utilizado desde hace décadas en diversas ciudades del mundo, pero el concepto de kilómetros mínimos garantizados fue una figura incorporada en Yucatán sin antecedentes similares.
A su juicio, ese mecanismo buscó incentivar la rápida incorporación de concesionarios al sistema Va y Ven durante la administración pasada, a cargo del gobernador Mauricio Vila, aunque terminó generando un compromiso financiero que el gobierno no pudo sostener.
"Era un esquema atractivo en el corto plazo, pero genuinamente insolvente a mediano y largo plazo", afirmó.
El especialista recordó que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial aprobada en 2022 no contemplaba los kilómetros mínimos garantizados; estos fueron incorporados un año después, cuando se creó la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY).
Señaló que, al revisar las cifras establecidas en la ley, era evidente que los parámetros no correspondían con la operación real de las unidades, lo que contribuyó al desequilibrio financiero que posteriormente enfrentó el sistema.
No obstante, sostuvo que la reforma aprobada recientemente no resolverá todos los problemas, pues persisten otros factores que afectan las finanzas del transporte público.
Entre ellos mencionó las diferencias entre los datos que reportan concesionarios y la Agencia de Transporte, lo que, dijo, evidencia que aún existen dudas sobre el funcionamiento del sistema de monitoreo.
Asimismo, indicó que tampoco se han actualizado los costos de referencia utilizados para calcular los pagos a los transportistas, particularmente en rubros como el precio del diésel, que ha registrado incrementos importantes.
Otro de los pendientes, añadió, es transparentar la situación financiera del sistema.
El investigador señaló que actualmente no existe información pública suficiente sobre el monto de la deuda heredada, cuánto se ha reducido tras la reforma ni cuál es el desglose de los compromisos financieros que aún enfrenta el Va y Ven.
"Falta transparencia. Necesitamos conocer la magnitud del problema para que especialistas, universidades y la propia ciudadanía puedan aportar soluciones", sostuvo.
Toraya consideró que, una vez aplicados los ajustes administrativos y operativos, si el sistema continúa registrando déficit será necesario abrir el debate sobre nuevas fuentes de financiamiento, procurando que ello no implique aumentar la tarifa para los usuarios.
Entre las alternativas planteó revisar incentivos fiscales relacionados con el uso del automóvil, como las licencias gratuitas para estudiantes, así como analizar mecanismos que hagan que quienes generan mayores costos por congestión o contaminación aporten más recursos al sistema de movilidad.
Enfatizó que cualquier ajuste financiero debe garantizar que el transporte público mantenga la frecuencia de las unidades, la calidad del servicio y su accesibilidad para la población, pues advirtió que el objetivo principal debe seguir siendo ofrecer un sistema eficiente y sostenible.
Edición: Fernando Sierra
