Yucatán > Sociedad
Astrid Sánchez
22/10/2026 | Mérida, Yucatán
El activista y defensor del territorio Wilbert Nahuat hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que atraiga el amparo que ha promovido para solicitar su adhesión al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual le ha sido negada pese a que ha sido criminalizado por su lucha contra una granja porcícola de su comunidad.
El comisario de Santa María Chi, Mérida, pide la incorporación a esta herramienta federal ante el temor por su seguridad y la de su familia, en medio de un proceso penal que enfrenta desde hace casi cuatro años, luego de participar en la lucha comunitaria que consiguió el cierre definitivo de la granja.
Nahuat solicitó la protección federal en junio de 2025 por la criminalización que ha sufrido en represalia por su lucha, pues ha sido acusado de despojo y de privación ilegal de la libertad. También asegura que ha sufrido persecución y acoso por parte de trabajadores de la granja que fue clausurada.
Sin embargo, su petición fue rechazada bajo el argumento de que se trataba de un conflicto entre particulares, sin reconocer su papel como autoridad comunitaria ni que su lucha está relacionada con la defensa del agua, el territorio, el medio ambiente y la salud de la población.
Por ello promovió un juicio de amparo que también le fue desfavorable.
Ante esa situación, ahora solicita que la SCJN atraiga el caso, con el acompañamiento del Instituto de Defensoría Pública y de organizaciones que respaldan a comunidades mayas en la defensa de sus territorios.
Nahuat recordó que la granja porcícola operaba en las inmediaciones de Santa María Chi, una zona de importancia ambiental e hidrológica por su relación con la reserva estatal geohidrológica del Anillo de Cenotes y el humedal de importancia internacional protegido por la Convención Ramsar.
Aunque la granja ya cerró, la denuncia penal en su contra continúa en los tribunales, pese a que en junio se emitió un dictamen de no ejercicio de la acción penal, cuya resolución seguía pendiente ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán en octubre.
El proceso mantiene a la comunidad en la incertidumbre y representa una forma de presión contra quienes se organizan para denunciar los daños ambientales y exigir que las empresas rindan cuentas.
“No sólo es contaminación, también es criminalización a las comunidades mayas y el temor es terrible, no sólo es económico, también es psicológico”.
Oceransky denuncia intento de llevarlo a prisión
En la misma conferencia de prensa, Sergio Oceransky, director de Fundación Yansa, organización que acompaña diversas luchas por la defensa del territorio y el medio ambiente, también denunció que enfrenta acciones judiciales que considera represalias por su labor, en un proceso relacionado con una empresa inmobiliaria con desarrollos en distintas partes del país, incluido Yucatán.
Oceransky relató que, después de conseguir un amparo y una orden de suspensión, fue vinculado a proceso por resolución del Tribunal de Alzada de Jalisco, además de recibir medidas cautelares que le impiden hablar públicamente de la empresa denunciante.
Aunque una jueza federal de amparo ordenó suspender esa vinculación a proceso mientras se resuelve el juicio, el defensor señaló que todavía no tenía constancia de que la resolución se hubiera comunicado al juez correspondiente, por lo que las medidas cautelares continuaban vigentes al momento de su declaración.
También alertó que la empresa insistió en que se le impusiera prisión preventiva, con el argumento de que existen varias denuncias en su contra, aunque ninguna había derivado en una sentencia, según explicó.
“Hay una intención evidente de meterme en la cárcel”.
Oceransky señaló que las resoluciones judiciales en su contra y las medidas cautelares forman parte de un escenario de persecución que, desde su perspectiva, busca inhibir la defensa del territorio, y expresó su solidaridad con Nahuat, al considerar que también enfrenta una situación de riesgo que debió ser atendida por el mecanismo federal de protección.
Edición: Estefanía Cardeña
