Verónica Camacho Chávez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán. Contar con jueces y juezas independientes en el ejercicio de sus labores jurisdiccionales, como un requisito previo al principio de legalidad, así como la autonomía financiera del Poder Judicial para no depender de los vaivenes políticos, es la conclusión a la que se llegó en la 64a Asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), llevada a cabo en esta ciudad.

Los representantes de 18 países de América Latina reunidos durante tres días, consideraron también que dicha independencia debe contemplar no sólo remuneraciones dignas durante la vida laboral de los jueces y juezas, sino que también fondos de retiro que les permitan vivir adecuadamente, una vez finalizada la actividad laboral jurisdiccional.

En el documento "Declaración de Yucatán", que reúne las consideraciones planteadas por los participantes al término de esta cumbre, señalaron que países como El Salvador, Perú, Puerto Rico y República Dominicana enfrentan actualmente déficits presupuestarios, como consecuencia de una asignación insuficiente de recursos para cumplir con una correcta y pronta administración de justicia.

Aseguraron que no obstante todos los esfuerzos desarrollados en aras de salvaguardar la independencia judicial, existe un aumento significativo de los fenómenos de interferencia al interior de los distintos poderes judiciales latinoamericanos, bajo el pretexto de procesos disciplinarios que no cumplen estándares mínimos y que muchas veces son utilizados para cuestionar el contenido de decisiones jurisdiccionales que resultan adversas a los gobiernos de turno o a grupos de poder político o económico.
Por su parte, el presidente de la Comisión. Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Edgar Elías Azar, declaró que “reconocemos el apoyo financiero por parte de la Federación, ya que se han recibido cantidades importantes presupuestales por parte del gobierno en todas las entidades".


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