Ante los megaproyectos, los mayas no importamos: Indignación

Paul Antoine Matos
Foto: Archivo La Jornada Maya
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 12 de septiembre, 2018

En Mérida, el alcalde Renán Barrera Concha es el encomendero, y los pueblos mayas tenemos que desobedecer para proteger nuestro patrimonio y nuestra tierra de los proyectos inmobiliarios que provocan el crecimiento de la ciudad a costa de los habitantes de las comisarías, declaró José Anastasio Euán Romero, representante de Indignación y del pueblo maya de Chablekal, comisaría de Mérida.

Durante el Tsikbal, Neocolonialismo urbano y pueblo Maya, realizado en la Universidad del sur, expresó que lo que para muchos es una manera de progreso y desarrollo, como las construcciones inmobiliarias, en realidad se meten a sus casas sin pedirlo y ellos, como pueblo maya, deben aguantarlo.

“No importamos, lo que importa son los megaproyectos y los desarrollos”, manifestó. Declaró que con el crecimiento urbano y la construcción de fraccionamientos, desde el ayuntamiento de Mérida se han creado leyes que reducen las libertades de las comisarías, como que los voladores en las fiestas patronales están regulados de cuántos deben explotarse.

Además, el reglamento indica que Xoclán decide cuándo entierran a los habitantes de las comisarías que fallecen e incluso no dan la oportunidad para que sean velados, expresó.

“Los dzulitos del PAN nos han avasallado”, manifestó. Lo que impone el reglamento es hecho en Mérida, no nos incluyen, afirmó.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), son 289 fraccionamientos en Mérida y su zona metropolitana.

El antropólogo Rodrigo Llanes Salazar expresó que el neocolonialismo urbano es impulsado por negocios inmobiliarios con autoridades, pero no es una necesidad en Mérida.

“No se cubre una necesidad humana, sino intereses de capital inmobiliario”, declaró, porque en Mérida hay 40 mil casas vacías, ya sea por abandono, especulación inmobiliaria o lavado de dinero. El Estado interviene en las tierras, desde que el plan de Desarrollo Urbano de 2003 permitió la construcción más allá del anillo periférico, expresó.

Aseguró que el progreso y desarrollo es la justificación, porque se dice que los proyectos inmobiliarios generan empleos, pero la realidad es que la población sigue en pobreza a pesar del crecimiento económico por encima de la media nacional.

La inversión inmobiliaria era de seis mil 900 millones de pesos en Mérida, pero este 2018 se calcula serán dos mil 68 millones de dólares, expresó, al tiempo que se deforestaron 37 mil hectáreas entre 2000 y 2009 de selva baja y montes.

En 2016, dijo, el Ayuntamiento de Mérida firmó un convenio con ONU-Hábitat, en el cual se describió que las áreas de atención para la ciudad son el control de la expansión urbana, la baja densidad poblacional, la falta de planeación de infraestructura ordenada y la contaminación del manto acuífero.