Carolina Gómez Mena
Foto: Víctor Camacho
La Jornada Maya

Ciudad de México
Martes 31 de octubre, 2017

El Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron sobre los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, los cuales llevan 15 años en prisión preventiva.

En conferencia de prensa los abogados Simón Hernández y Aribel García (también hija de García Rodríguez), señalaron que los detenidos han sido víctimas de “tortura y fabricación de un delito que no cometieron”. Además fueron objeto de una “detención arbitraria” ya que fueron llevados al arraigo sin una orden de aprehensión.

A ambos se les acusó de estar involucrados en el homicidio de la regidora del municipio de Atizapa?n de Zaragoza, María de los Ángeles Tamez Pérez, hecho ocurrido el 5 de septiembre de 2001.

El Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU en la Opinión 66/2017 determinó que la detención tuvo una “carácter arbitrario y ordenó adoptar medidas adecuadas para reparar integralmente al daño”.

Añade que el acto fue arbitrario porque fueron detenidos sin orden judicial y fueron arraigados sin que existieran pruebas en su contra. Además por que la detención se ha prologado 15 años sin que haya sentencia.

Ante esto el colectivo Pena sin Culpa exige al gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades del estado de México, acatar la determinación del Grupo de Detenciones Arbitrarias y poner en libertad de manera inmediata a García y a Alpízar.

Por su parte la CIDH mediante el informe de admisibilidad 68/2017 sometió al Estado mexicano a un procedimiento internacional para determinar las violaciones a los derechos humanos por la detención de más de 15 años, “la falta de investigación y sanción de la tortura, así como la falta de protección judicial y las violaciones al debido proceso en contra de Daniel García y Reyes Alpízar”.

Aribel García tenía 13 años cuando detuvieron a su padre. Ahora es abogada, estudió en la UNAM y es su defensora. García está detenido en el Penal de Barrientos en Tlalnepantla.

Precisó que la acusación es una “infamia” y confía en que el gobierno atienda los pronunciamientos de la ONU y la CIDH. Lamentó que se cumplan 5710 días de que su padre está en “prisión pagando una pena sin culpa” y relató que fue detenido a los 37 años, ahora tiene 52, se le cortó su proyecto de vida”.

Hernández señaló que se debe “cerrar la causa penal” y dijo que si hubiera “voluntad política” por parte de las autoridades, la libertad se concretaría “en cuestión de semanas”.

García Rodríguez fue detenido el 25 de febrero de 2002, alrededor de las ocho de la mañana. “Iba camino a la casa de su padre, cuando fue interceptado por dos hombres a bordo de un vehículo particular, informándole que le solicitaban en la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla en el estado de México para declarar con relación a la investigación por el homicidio de la regidora Tamez Pérez.

En su arraigo en el Hotel San Isidro en Tlalnepantla, García se negó a aceptar “la declaración que llevaba preparada” el

Ministerio público sobre presuntos actos de corrupción de Carlos Madrazo Limón, ex presidente municipal y en ese momento senador y Antonio Domínguez Zambrano, presidente municipal en funciones en esa época, ambos integrantes del PAN.

García rechazó declarar en contra de esos servidores públicos con los que había colaborado. Derivado de esto fue “incriminado por hechos que no conocía”.

Alpízar Ortiz fue detenido cuando tenía 35 años, cuando esperaba el camión que lo llevaría de regreso a su casa. Es llevado a la Subprocuraduría de Tlalnepantla. Allí fue “víctima de tortura física y psicológica” y posteriormente es trasladado arraigado en el Hotel San Isidro en Tlalnepantla.

Recibió “golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, quemaduras e inyecciones”. Todo esto para “obligarlo a firmar una confesión” que lo “autoinculpara” y señalara a Daniel García como “autor intelectual” del homicidio de la regidora.


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