La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 14 de enero, 2019

Grupo Porcícola Mexicano S. A. de C. V., empresa propietaria de la instalación porcícola conocida como Granja Kinchil, hizo saber a través de un comunicado que el pasado jueves personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se presentó a dicho establecimiento, ubicado a dos kilómetros al sur del kilómetro 63.5 de la carretera Mérida-Celestún, a fin de inspeccionar el predio.

De la visita, indica el texto, la autoridad competente constató que las aguas residuales emitidas de estas granjas son enviadas a una planta de tratamiento, la cual a través de la más alta tecnología y en apego estricto a la normatividad, separa los sólidos, clarifica y desinfecta. Una vez desinfectada el agua, se envía al área de riego, la cual cuenta con una extensión aproximada de 78 hectáreas.

“Ya en el área de riego, el personal adscrito a la Secretaría inspeccionó la zona donde se encontró un cuerpo de acumulación de agua. Sin embargo, se observó que las condiciones de esta agua no coinciden con el agua proveniente del sistema de tratamiento de aguas residuales de la granja”, continúa el comunicado.

Según se pudo constatar, en el área hay presencia de especies silvestres endémicas, por lo que no existe daño a la flora y fauna local, y en los alrededores de los cuerpos de acumulación de agua tampoco se apreció mal olor.

Durante el recorrido, añade el boletín, la empresa constató la existencia de indicios de que la entrada al predio ha sido violentada y que las instalaciones de las tuberías de riego sufrieron daño intencional, por lo que se tomarán las acciones legales pertinentes.

La empresa reitera que está comprometida con el desarrollo sustentable de Yucatán y cuenta con la más alta tecnología y estándares para el cuidado del medio ambiente en cada una de sus operaciones, y que busca tener impactos positivos en las comunidades donde está presente, mediante programas de responsabilidad social e iniciativas de conservación ambiental, además de que se manifiesta abierta para que autoridades, organizaciones ciudadanas o medios de comunicación constaten de primera mano la responsabilidad de sus operaciones.


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