Ángel Bolaños Sánchez
Foto: Pablo Ramos
La Jornada Maya
Ciudad de México
Domingo 5 de mayo, 2019
De los 2 mil 106 millones 972 mil 500 pesos que ejerció durante 2017 la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), sólo fueron auditados 6 millones 972 mil 600 pesos por la adquisición de tóner para impresoras, paquetes de café y 10 banderas.
La revisión que la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) realizó al ejercicio presupuestal 2017 de la ALDF fue planeada y ejecutada por el entonces director general de Auditoría de Cumplimiento "C", Antonio García Bada González, cuñado del panista Jorge Romero Herrera, quien era en ese momento secretario de la Comisión de Gobierno del mismo órgano legislativo e integraba también la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia.
García Bada fue uno de los funcionarios que renunciaron en agosto pasado al órgano auxiliar auditor del ahora Congreso de la Ciudad de México ante la inminente llegada de una mayoría de legisladores de Morena a la primera Legislatura.
Llegó en 2013 a la ASCM a una jefatura de unidad, el mismo año en que su hermana Sandra García Bada contrajo nupcias con Romero Herrera, quien estaba al frente de la entonces delegación Benito Juárez, y ascendió a la dirección general ya con su cuñado como asambleísta, donde tuvo una remuneración mensual bruta por 158 mil 210.70 pesos.
El presupuesto de la ALDF que fiscalizó García Bada corresponde al capítulo de materiales y suministros, para el que se programó un gasto ese año de 56 millones 561 mil 900 pesos, pero en el transcurso del año tuvo modificaciones para reasignar 25 millones 273 mil 500 al pago de sueldos y prestaciones a funcionarios, con lo que el total para ese rubro fue de 31 millones 288 mil 400 pesos.
La muestra de 6 millones 972 mil 600 pesos auditada representó 22.2 por ciento del gasto de dicho capítulo, pero es apenas 0.0033 por ciento del total que ejerció el Legislativo ese año y de ese monto 6 millones 461 mil 800 pesos se destinaron a la partida denominada "materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones", que fue la compra de 3 mil 900 tóner, cartuchos y materiales menores de tecnología a la empresa Satel; a su vez, 428 mil pesos se usaron para la adquisición de 4 mil paquetes de "café gourmet" a un particular, ambos se adjudicaron con una licitación por invitación restringida; además, 82 mil 600 pesos se utilizaron para 10 banderas nacionales negociadas con un particular por adjudicación directa.
En el informe de la revisión de la Cuenta Pública que la ASCM entregó el pasado martes al Congreso se reportaron anomalías de procedimiento, como el hecho de que el contrato para la compra de los cartuchos tóner se suscribió un sábado y una de las entregas se hizo en día inhábil, mientras en el caso de las banderas la investigación de García Bada arrojó también una recomendación, pero fue para pedir a la ALDF que aplicara "un plan o programa para el proceso de destrucción de las Banderas Nacionales que se encuentran deterioradas y que ya no serán de utilidad".
El pasado martes los presidentes de la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política del Congreso capitalino, Jesús Martín del Campo y Ricardo Ruiz Suárez, respectivamente, encabezaron una ceremonia para incinerar el lábaro patrio que ondeaba en el edificio de Plaza de la Constitución 7, pero Ruiz aclaró que no tenía que ver con la recomendación de la ASCM, sino por un punto de acuerdo de su compañera de Morena, Esperanza Villalobos Pérez, que presentó antes de que se conociera el informe de la Auditoría.
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