Jairo Magaña
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Viernes 16 de agosto, 2019

La consulta a los pueblos indígenas indicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2017 no finalizó como planearon las autoridades federales. Por el momento están en standby porque hay muchos argumentos que deberán tomarse en cuenta y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) sólo está invitada como observadora, reconoció Juan Antonio Renedo Dorantes, presidente de esta Comisión.

A través de diversas organizaciones civiles, seis comunidades de los municipios de Hopelchén manifestaron su inconformidad al observar cómo algunos productores agrícolas, motivados por comunidades menonitas, comenzaron a usar semillas transgénicas de soya en los campos cheneros. Dichos cultivos, por su naturaleza modificada, requieren de ciertos agroquímicos que según estas organizaciones han contaminado severamente los mantos freáticos, causado deforestación e incluso aniquilado colmenas de abejas.

Con el dictamen de la SCJN, a través de la Secretaría de Agricultura, en ese entonces Sagarpa, y sus organismos de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica), se debió levantar un sondeo de los cultivos detectados con presencia de soya transgénica, verificar que ningún productor utilizara estas semillas y, a su vez, crear las condiciones para llevar a cabo la consulta a las comunidades indígenas de Campeche.

A dos años de iniciado el proceso, la consulta no registra avances. Renedo Dorantes admitió que hasta el momento sólo han sido invitados como observadores a los procesos, para verificar que los habitantes de las comunidades estén siendo informados de manera veraz, con traductores en sus lenguas originales que sean claros y que aún no hay fecha para retomar estas actividades, pues ni siquiera el municipio interesado ha buscado retomarlas.

Cabe destacar que en las primeras actividades de la consulta, donde participaron el Senasica, la Sagarpa y otros organismos, hubo señalamientos negativos contra éstos por las comunidades interesadas. A partir de la segunda etapa, representantes de organismos civiles, Derechos Humanos y otros observadores comenzaron a asistir a las reuniones, coincidiendo en que los informes entregados a los indígenas parecían promocionales de los productos y no de lo que habían estado observando en cuanto a los daños.


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