450 personas, en condiciones infrahumanas en la frontera

Lilia Balam
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 14 de junio, 2017

El pasado dos de junio, cerca de 450 personas de la comunidad Laguna Larga, ubicada en la zona del Petén, Guatemala, abandonaron sus tierras ante el inminente desalojo que realizarían soldados y elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala y quedaron varadas en el municipio de San Andrés, departamento de El Petén, cerca de la frontera con México.

En un comunicado firmado por el [i]Equipo Indignación[/i] de Yucatán, [i]La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes[/i] de Tabasco, [i]Resistencia Civil[/i] de Candelaria, y [i]Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes[/i] de Chiapas, se detalla que las casi 100 familias de Laguna Larga observaron la llegada de helicópteros y elementos del ejército guatemalteco para hacer efectivo el desalojo, por lo que abandonaron el asentamiento que habían ocupado por más de 15 años y se resguardaron en la línea fronteriza con México.

Las personas desplazadas crearon un campamento en condiciones precarias, puesto que tuvieron que edificarlo con lo que tenían a la mano, principalmente bolsas de nylon como techo, lo cual “ pone en riesgo la vida y la integridad de niñas, niños y, en general, de mujeres y de todas las personas ahí asentadas”.

Las organizaciones firmantes, que realizaron una visita a los afectados, afirman que “no hubo un diálogo previo con la comunidad para la búsqueda de alternativas, a pesar de que los Principios Básicos y Directrices de Naciones Unidas sobre desalojos y desplazamientos indican que un desalojo tiene que ser la última alternativa y sólo después de haber agotado todas las opciones y, preferentemente, en acuerdo con la comunidad y después de haber previsto y acordado el lugar de reinstalación”.

Cabe recalcar que la comunidad Laguna Larga ha sido reconocida por parte del gobierno de Guatemala. Sin embargo, los desplazados aseguran que han sido constantemente hostigados por las autoridades de dicho país “con el pretexto de que se encuentran en un área natural protegida”, según se explica en el comunicado.

Las organizaciones afirman que su principal preocupación es que se trate de una estrategia basada en intereses de particulares, pues la zona ha sido asediada por cuestiones de inversiones extranjeras de extracción petrolera, monocultivos de palma aceitera, gasoductos, turismo, extracción de mantos acuíferos, entre otros.

El pasado 7 de junio, representantes del gobierno guatemalteco y del Consulado de Guatemala en México, así como el Instituto Nacional de Migración mexicano y policías estatales y una brigada del Sistema para el Desarrollo Integral (DIF) de Campeche acudieron a dialogar con las personas desplazadas. Éstas exigieron el retorno a sus tierras y se negaron a una reubicación. Las autoridades se comprometieron a brindar respuesta a las peticiones en un plazo de 48 horas.

Posteriormente, los habitantes de Laguna Larga inspeccionaron sus tierras y constataron la destrucción de sus propiedades, de la escuela e iglesias. También confirmaron la presencia de militares en la zona.

Las asociaciones civiles involucradas tachan al suceso de “desplazamiento forzado” y aseguran que existe una “evidente violación a los derechos humanos” por parte de la milicia y el gobierno de Guatemala. Asimismo declaran que “el gobierno de México es también responsable de la situación en que se encuentra la comunidad al incumplir sus obligaciones internacionales en materia de desplazamientos forzados y población refugiada”, por lo que exigen asistencia humanitaria para los afectados de manera inmediata, así como la respuesta a las solicitudes realizadas.

En el comunicado se añade que existen otras amenazas de desalojo contra las comunidades El Reloj, El Sacrificio y La Mestiza, en la misma zona del Petén, programados para el día de hoy.