Proceso de consulta sobre soya no fue libre o informado

Hubert Carrera Palí
Foto: Raúl Angulo Hernández
La Jornada Maya

San Francisco de Campeche
Lunes 05 de junio, 2017

Tanto las comunidades indígenas como las organizaciones civiles que acompañan el proceso de consulta exigen que se respeten los derechos humanos y se les consulte previamente, libre y de manera informada, conforme a los más altos estándares internacionales, sobre los proyectos de desarrollo que afectan su tierra, territorio y bienes naturales.

Tal planteamiento se hizo durante el conversatorio [i]El derecho a la consulta de comunidades y pueblos indígenas en México[/i], al que convocó el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC A.C) y la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, a fin de continuar con el debate entre diferentes actores sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, así como abrir un espacio para que las comunidades originarias de los lugares en donde se están implementando megaproyectos compartan sus experiencias en el ejercicio de estos derechos.

En su intervención, Leydy Pech, dirigente del Colectivo Apícola Los Chenes, denunció que los procesos de consulta que se han aplicado sobre la siembra de soya transgénica no fueron libres, previos ni informados sino que, por el contrario, fueron propicios para actos de violencia, división de comunidades y criminalización en contra de los pueblos indígenas, particularmente de los defensores comunitarios.

Quienes aportaron sus experiencias en procesos de consulta y de su acompañamiento a comunidades y pueblos indígenas fueron Isabel Jiménez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, en Oaxaca; Leydy Pech, integrante del pueblo maya y del Colectivo Apícola Los Chenes, en Campeche; así como representantes de Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C (CEMDA), el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código DH); Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz), ProDESC, y Tom Haek, oficial de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC A.C), indicó que “la inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y el acceso al derecho a la tierra ha sido una deuda histórica de los gobiernos que no se ha logrado resarcir”, y que “desde la década de los 90 el Estado mexicano ha impulsado una política de desarrollo centrada en la sobreexplotación de los bienes naturales, la mayoría localizados en tierras y territorios de comunidades indígenas, núcleos ejidales y de bienes comunales que se enmarca en un modelo económico que otorga prebendas o privilegios a empresas nacionales y trasnacionales”.

Por su parte, el representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, -también presente en el evento- declaró que “la consulta debería ser interpretada como una herramienta que ayude a reducir la asimetría del poder”, y aclaró que “no se pueden restringir derechos si esto es para enriquecer a unos cuantos”.