De manera unánime, los 35 diputados que integran la LXIV Legislatura de Campeche eliminaron el respaldo de seguridad y escoltas pagados con el erario público a ex funcionarios, esto con respecto a los reportes que hizo la titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Marcela Muñoz Martínez, de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que no aparecían.
La iniciativa surgió del ejecutivo estatal, el jurídico de Layda Sansores San Román, ingresó a la oficialía de partes del Congreso del Estado una propuesta para modificar el artículo 72 de la Ley de Seguridad Pública.
El propósito es reorientar el gasto que actualmente está destinado a las medidas de protección de los ex servidores públicos estatales y municipales, a fin de garantizar mejores acciones en materia de seguridad pública o en cualquier otra que potencie el desarrollo del estado y los municipios, dando cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia y honradez que ordenan la Constitución General de la República y la Constitución Política del Estado.
Ahora el artículo 72 menciona que: “Las autoridades competentes del Estado, de así requerirse, dictarán medidas para la protección de la gobernadora o el gobernador del estado, de las personas titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General del Estado, así como de aquellas o aquellos servidores públicos estatales que, en razón de sus funciones de seguridad pública, así lo requieran. Estas medidas se brindarán sólo durante el tiempo de su encargo”.
Y continúa: “Las autoridades de seguridad pública de los municipios procederán conforme a lo señalado en el párrafo anterior para brindar la protección necesaria, de así requerirse, a la presidenta o al presidente municipal, a la persona titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como auxiliar, cuando así se les requiera, a las autoridades estatales para brindarle protección a las autoridades señaladas en el párrafo anterior".
Esta mañana, Layda Sansores San Román afirmó que en su administración los únicos con escoltas serán los titulares de las dependencias de seguridad y procuración de justicia, y en casos extraordinarios, secretarios que reciban algún tipo de amenaza que atente contra su vida o la de su familia.
Por lo pronto, mencionó que en la entidad sólo la recibirían Marcela Muñoz de la SSP, Virginia Leticia Lizama Centurión del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y Renato Sales Heredia de la Fiscalía General del Estado de Campeche.
Edición: Estefanía Cardeña
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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